NUEVA YORK, 17 February 2021 /PRNewswire Policy/ — “Mi esposo se quedó sin empleo, y nos cayó el arriendo, los gastos, la comida. Tuve que tocar puertas porque sabía que me iba a quedar sin comida y sin nada, porque nosotros aquí no conocemos a nadie”, cuenta Kelly, una refugiada venezolana en Medellín, Colombia.

La madre es administradora de empresas, y tuvo que salir huyendo de su país con su familia por la situación socioeconómica, como millones más de sus compatriotas.

“Yo sueño con volver a ejercer, lo único que necesito es una oportunidad”. Kelly recibió ayuda de la Agencia de la ONU para los Refugiados y la Cruz Roja, y pudo evitar ser desalojada el año pasado, pero miles de venezolanos no han tenido la misma suerte.

Cerca del 40% de los venezolanos refugiados y migrantes han sido desalojados durante la pandemia, y un 38% más está en riesgo de perder su hogar en su país de acogida, asegura un estudio realizado por varias agencias internacionales.

El informe de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela, a la que pertenecen la Organización Internacional de las Migraciones y la Agencia de la ONU para los Refugiados, destaca que además tres de cada cuatro hogares desalojados están enfrentando nuevos riesgos de desalojo y que una quinta parte de las personas afectadas son embarazadas o madres de niñas y niños. La mayoría de ellos no ha recibido ninguna ayuda de los gobiernos antes o después del desalojo.

Muchas personas refugiadas y migrantes en América Latina y el Caribe, dependientes de la economía informal para sobrevivir, perdieron sus trabajos durante la pandemia y se encuentran viviendo en situación de pobreza, sin poder cubrir sus necesidades básicas, incluyendo el pago de alquiler, detalla el estudio en el que también participó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Colombia es el país con mayor número de casos en los que se le ha notificado del desalojo a los hogares encuestados con un 69,50%; seguido por Brasil con un 59%; Ecuador con un 58,4 %; y Perú con un 55,7%.

“Los desalojos afectan los derechos humanos económicos y sociales de las personas migrantes, refugiadas y desplazadas y en el contexto actual principalmente el acceso a la vivienda digna de las personas venezolanas. En este sentido, la Comisión observa que la recopilación de datos es importante porque permite identificar las afectaciones diferenciadas, los factores de discriminación y los múltiples aspectos interseccionales, incluyendo el enfoque de género para orientar de forma precisa las políticas y medidas de protección necesarias en los países de la región», expresó Julissa Mantilla, relatora sobre derechos de las personas migrantes de la Comisión, durante la presentación del informe.

Una dura situación

Según las encuestas que fueron realizadas en siete países de América Latina y del Caribe – Perú, Ecuador, Brasil, Colombia, Panamá, la República Dominicana y Guyana – la mitad de los hogares entrevistados viven en una sola habitación. El estudio también muestra que el 11% de todos los desalojos resultaron en indigencia y tres de cada cuatro de los hogares caerían en indigencia si fueran desalojados.

La situación aumenta el riesgo de contagio de COVID-19, pero además de los riesgos de salud causados por la indigencia que se relacionan con la pandemia, las personas refugiadas y migrantes de Venezuela que fueron desalojadas y viven en las calles se enfrentan a la estigmatización y al riesgo de ser explotadas y abusadas laboral y sexualmente.

La irregularidad se ha confirmado como causante de desalojos, con la mitad de las familias desalojadas sin documentos en su país de acogida y sin la posibilidad de establecer contratos de arriendo formales.

“La necesidad de garantizar políticas públicas para el acceso a la vivienda como paso siguiente a los esfuerzos en regularización es clave si queremos evitar que sigan aconteciendo situaciones tan dramáticas como las que hemos observado en este último año”, dijo Eduardo Stein, representante especial conjunto para los Refugiados y Migrantes Venezolanos.

Acción de los Gobiernos

Algunos gobiernos de la región, para prevenir la indigencia durante la pandemia, han declarado prohibiciones temporales a los desalojos y otras iniciativas. Sin embargo, algunas de estas regulaciones ya han expirado o culminarán una vez finalice la declaración de emergencia, creando un posible incremento en desalojos.

Asimismo, según el informe, los propietarios no están cumpliendo con estas medidas en todos los casos. De acuerdo con los resultados de la encuesta, 6 de cada 10 hogares que enfrentaron desalojos no tenían contrato formal.

La falta de presencia y asistencia institucional incrementa los niveles de vulnerabilidad, especialmente para mujeres, niñas y niños, personas con discapacidad y pueblos indígenas.

La encuesta detalla diferentes tácticas y medios de desalojos que fueron reportadas por organizaciones humanitarias, como amenazas y uso de violencia, así como la violencia sexual, el acoso y la interrupción de servicios como agua, electricidad y gas.

El informe también indica que en caso de ser desalojados, solo un 7% de las personas estaría dispuesto a volver a Venezuela y un 73% piensa que el retorno al país de origen representa un riesgo para sus hogares.

Se necesita ayuda

En la región, los socios de la Plataforma están incrementado los niveles de asistencia, reforzando y expandiendo las capacidades de albergues temporales y de alternativas de alojamiento, preparando acomodaciones de emergencia en hoteles para recibir a las personas desalojadas, dando información y apoyo legal para reportar incidentes o amenazas de desalojos, y distribuyendo asistencia en efectivo, subsidios de arriendo y otro tipo de asistencia para las personas más vulnerables, incluyendo a las personas desalojadas o en riesgo de desalojo.

Las agencias piden a los Gobiernos, entre otras cosas, que adopten todas las medidas administrativas y legislativas necesarias para garantizar condiciones de vivienda dignas para las personas refugiadas y migrantes de Venezuela, incluyéndolas en la oferta estatal existente para el acceso a vivienda o a líneas de subsidios especiales adaptadas a su situación socioeconómica.

También pidieron a las autoridades civiles brindar protección contra las intimidaciones, amenazas o expresiones de xenofobia vinculados a los procesos de desalojo, mediante la garantía de acceso a rutas de prevención y protección.

SOURCE Centro de Noticias ONU

NUEVA YORK, 17 February 2021 /PRNewswire Policy/ — “Mi esposo se quedó sin empleo, y nos cayó el arriendo, los gastos, la comida. Tuve que tocar puertas porque sabía que me iba a quedar sin comida y sin nada, porque nosotros aquí no conocemos a nadie”, cuenta Kelly, una refugiada venezolana en Medellín, Colombia.

La madre es administradora de empresas, y tuvo que salir huyendo de su país con su familia por la situación socioeconómica, como millones más de sus compatriotas.

“Yo sueño con volver a ejercer, lo único que necesito es una oportunidad”. Kelly recibió ayuda de la Agencia de la ONU para los Refugiados y la Cruz Roja, y pudo evitar ser desalojada el año pasado, pero miles de venezolanos no han tenido la misma suerte.

Cerca del 40% de los venezolanos refugiados y migrantes han sido desalojados durante la pandemia, y un 38% más está en riesgo de perder su hogar en su país de acogida, asegura un estudio realizado por varias agencias internacionales.

El informe de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela, a la que pertenecen la Organización Internacional de las Migraciones y la Agencia de la ONU para los Refugiados, destaca que además tres de cada cuatro hogares desalojados están enfrentando nuevos riesgos de desalojo y que una quinta parte de las personas afectadas son embarazadas o madres de niñas y niños. La mayoría de ellos no ha recibido ninguna ayuda de los gobiernos antes o después del desalojo.

Muchas personas refugiadas y migrantes en América Latina y el Caribe, dependientes de la economía informal para sobrevivir, perdieron sus trabajos durante la pandemia y se encuentran viviendo en situación de pobreza, sin poder cubrir sus necesidades básicas, incluyendo el pago de alquiler, detalla el estudio en el que también participó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Colombia es el país con mayor número de casos en los que se le ha notificado del desalojo a los hogares encuestados con un 69,50%; seguido por Brasil con un 59%; Ecuador con un 58,4 %; y Perú con un 55,7%.

“Los desalojos afectan los derechos humanos económicos y sociales de las personas migrantes, refugiadas y desplazadas y en el contexto actual principalmente el acceso a la vivienda digna de las personas venezolanas. En este sentido, la Comisión observa que la recopilación de datos es importante porque permite identificar las afectaciones diferenciadas, los factores de discriminación y los múltiples aspectos interseccionales, incluyendo el enfoque de género para orientar de forma precisa las políticas y medidas de protección necesarias en los países de la región», expresó Julissa Mantilla, relatora sobre derechos de las personas migrantes de la Comisión, durante la presentación del informe.

Una dura situación

Según las encuestas que fueron realizadas en siete países de América Latina y del Caribe – Perú, Ecuador, Brasil, Colombia, Panamá, la República Dominicana y Guyana – la mitad de los hogares entrevistados viven en una sola habitación. El estudio también muestra que el 11% de todos los desalojos resultaron en indigencia y tres de cada cuatro de los hogares caerían en indigencia si fueran desalojados.

La situación aumenta el riesgo de contagio de COVID-19, pero además de los riesgos de salud causados por la indigencia que se relacionan con la pandemia, las personas refugiadas y migrantes de Venezuela que fueron desalojadas y viven en las calles se enfrentan a la estigmatización y al riesgo de ser explotadas y abusadas laboral y sexualmente.

La irregularidad se ha confirmado como causante de desalojos, con la mitad de las familias desalojadas sin documentos en su país de acogida y sin la posibilidad de establecer contratos de arriendo formales.

“La necesidad de garantizar políticas públicas para el acceso a la vivienda como paso siguiente a los esfuerzos en regularización es clave si queremos evitar que sigan aconteciendo situaciones tan dramáticas como las que hemos observado en este último año”, dijo Eduardo Stein, representante especial conjunto para los Refugiados y Migrantes Venezolanos.

Acción de los Gobiernos

Algunos gobiernos de la región, para prevenir la indigencia durante la pandemia, han declarado prohibiciones temporales a los desalojos y otras iniciativas. Sin embargo, algunas de estas regulaciones ya han expirado o culminarán una vez finalice la declaración de emergencia, creando un posible incremento en desalojos.

Asimismo, según el informe, los propietarios no están cumpliendo con estas medidas en todos los casos. De acuerdo con los resultados de la encuesta, 6 de cada 10 hogares que enfrentaron desalojos no tenían contrato formal.

La falta de presencia y asistencia institucional incrementa los niveles de vulnerabilidad, especialmente para mujeres, niñas y niños, personas con discapacidad y pueblos indígenas.

La encuesta detalla diferentes tácticas y medios de desalojos que fueron reportadas por organizaciones humanitarias, como amenazas y uso de violencia, así como la violencia sexual, el acoso y la interrupción de servicios como agua, electricidad y gas.

El informe también indica que en caso de ser desalojados, solo un 7% de las personas estaría dispuesto a volver a Venezuela y un 73% piensa que el retorno al país de origen representa un riesgo para sus hogares.

Se necesita ayuda

En la región, los socios de la Plataforma están incrementado los niveles de asistencia, reforzando y expandiendo las capacidades de albergues temporales y de alternativas de alojamiento, preparando acomodaciones de emergencia en hoteles para recibir a las personas desalojadas, dando información y apoyo legal para reportar incidentes o amenazas de desalojos, y distribuyendo asistencia en efectivo, subsidios de arriendo y otro tipo de asistencia para las personas más vulnerables, incluyendo a las personas desalojadas o en riesgo de desalojo.

Las agencias piden a los Gobiernos, entre otras cosas, que adopten todas las medidas administrativas y legislativas necesarias para garantizar condiciones de vivienda dignas para las personas refugiadas y migrantes de Venezuela, incluyéndolas en la oferta estatal existente para el acceso a vivienda o a líneas de subsidios especiales adaptadas a su situación socioeconómica.

También pidieron a las autoridades civiles brindar protección contra las intimidaciones, amenazas o expresiones de xenofobia vinculados a los procesos de desalojo, mediante la garantía de acceso a rutas de prevención y protección.

SOURCE Centro de Noticias ONU