GINEBRA, 06 May 2020 /PRNewswire Policy/ — Un grupo de expertos de la ONU exigió hoy que Venezuela detalle sus planes para hacer frente a los devastadores efectos de la crisis económica del país sobre los derechos humanos y también instó a Estados Unidos a levantar inmediatamente las sanciones que agravan el sufrimiento.

“Estamos profundamente preocupados por la espiral de la crisis económica y el efecto que ésta ha tenido en la capacidad de las personas para subsistir de un día para otro”, dijeron los expertos. “El gobierno debe explicar inmediatamente cómo piensa apoyar a la gente, muchos de los cuales se encuentran al borde de la supervivencia”.

Los expertos de la ONU dijeron que el gobierno ha culpado a las paralizantes sanciones internacionales de la crisis humanitaria, pero muchos de los problemas del país como la escasez de alimentos, la hiperinflación, los cortes de energía y agua y el creciente desempleo precedieron a las restricciones comerciales.

“No obstante, y especialmente a la luz de la pandemia del coronavirus, Estados Unidos debería levantar inmediatamente las sanciones generales, que están teniendo un grave impacto en los derechos humanos del pueblo venezolano”.

Los expertos dijeron que el sistema de salud se está colapsando, con muchos hospitales luchando por funcionar sin un servicio fiable de electricidad o incluso sin agua corriente.

“Los hospitales están reportando una escasez de suministros médicos, equipos de protección y medicamentos. Dado el grave impacto de la pandemia COVID-19 en las personas de bajos ingresos, incluso en los países más ricos, esto es alarmante. El gobierno también debería asegurar que la gente tenga el apoyo que necesita para practicar con seguridad el distanciamiento social”.

El sistema educativo ha perdido miles de maestros y muchos niños ya no asisten a la escuela porque no tienen energía por falta de comida en casa o no pueden pagar el transporte. “Esto garantiza que la crisis causará daños perdurables a la próxima generación”, dijeron los expertos.

Los expertos señalaron que el Programa Mundial de Alimentos de la ONU estima que un tercio de la población sufre de inseguridad alimentaria.

Los expertos mostraron su alarma por los informes de que periodistas, abogados y trabajadores médicos han sufrido represalias e incluso han sido detenidos por plantear preocupaciones sobre las condiciones en el país. “Cualquier persona detenida arbitrariamente debe ser liberada inmediatamente, y el gobierno debe investigar estas acusaciones.”

“No cabe duda de que el gobierno se enfrenta a numerosos desafíos en este momento, pero los derechos humanos no pueden quedar en suspenso. Incluso en un momento como éste, el gobierno sigue teniendo la obligación de proteger los derechos básicos de las personas”, dijeron los expertos.

SOURCE Oficina de las Naciones Unidas del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH)

GINEBRA, 06 May 2020 /PRNewswire Policy/ — Un grupo de expertos de la ONU exigió hoy que Venezuela detalle sus planes para hacer frente a los devastadores efectos de la crisis económica del país sobre los derechos humanos y también instó a Estados Unidos a levantar inmediatamente las sanciones que agravan el sufrimiento.

“Estamos profundamente preocupados por la espiral de la crisis económica y el efecto que ésta ha tenido en la capacidad de las personas para subsistir de un día para otro”, dijeron los expertos. “El gobierno debe explicar inmediatamente cómo piensa apoyar a la gente, muchos de los cuales se encuentran al borde de la supervivencia”.

Los expertos de la ONU dijeron que el gobierno ha culpado a las paralizantes sanciones internacionales de la crisis humanitaria, pero muchos de los problemas del país como la escasez de alimentos, la hiperinflación, los cortes de energía y agua y el creciente desempleo precedieron a las restricciones comerciales.

“No obstante, y especialmente a la luz de la pandemia del coronavirus, Estados Unidos debería levantar inmediatamente las sanciones generales, que están teniendo un grave impacto en los derechos humanos del pueblo venezolano”.

Los expertos dijeron que el sistema de salud se está colapsando, con muchos hospitales luchando por funcionar sin un servicio fiable de electricidad o incluso sin agua corriente.

“Los hospitales están reportando una escasez de suministros médicos, equipos de protección y medicamentos. Dado el grave impacto de la pandemia COVID-19 en las personas de bajos ingresos, incluso en los países más ricos, esto es alarmante. El gobierno también debería asegurar que la gente tenga el apoyo que necesita para practicar con seguridad el distanciamiento social”.

El sistema educativo ha perdido miles de maestros y muchos niños ya no asisten a la escuela porque no tienen energía por falta de comida en casa o no pueden pagar el transporte. “Esto garantiza que la crisis causará daños perdurables a la próxima generación”, dijeron los expertos.

Los expertos señalaron que el Programa Mundial de Alimentos de la ONU estima que un tercio de la población sufre de inseguridad alimentaria.

Los expertos mostraron su alarma por los informes de que periodistas, abogados y trabajadores médicos han sufrido represalias e incluso han sido detenidos por plantear preocupaciones sobre las condiciones en el país. “Cualquier persona detenida arbitrariamente debe ser liberada inmediatamente, y el gobierno debe investigar estas acusaciones.”

“No cabe duda de que el gobierno se enfrenta a numerosos desafíos en este momento, pero los derechos humanos no pueden quedar en suspenso. Incluso en un momento como éste, el gobierno sigue teniendo la obligación de proteger los derechos básicos de las personas”, dijeron los expertos.

SOURCE Oficina de las Naciones Unidas del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH)

NUEVA YORK, 05 May 2020 /PRNewswire Policy/ — La Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió investigar los motines que están ocurriendo en cárceles de las Américas para protestar por la falta de protección.

El coronavirus se está expandiendo rápidamente por cárceles sobrepobladas y con falta de higiene. “Miles de prisioneros y funcionarios se han infectado en América del Norte y del Sur”, dijo el portavoz.

El peor incidente tuvo lugar el pasado 1 de mayo en la cárcel de Los Llanos en Venezuela, donde 47 presos perdieron la vida. Otro motín en la cárcel de La Modelo, en Colombia, dejó en marzo 23 muertos. En Perú, nueve reos perdieron la vida el 27 de abril. Otros incidentes, incluidos intentos de fuga, han ocurrido en Argentina, Brasil, México y Estados Unidos.

«La escala y gravedad de los incidentes mencionados parece indicar que en algunos casos los Estados no han adoptado las medidas adecuadas para prevenir la violencia en las instalaciones de detención y que los agentes estatales habrían cometido violaciones del uso de la fuerza en su intento por recuperar el control de dichas instalaciones”, dijo el portavoz de la Alta Comisionada, Rupert Colville.

Además, algunos países están deteniendo a gente por incumplir las cuarentenas, lo que aumenta el riesgo de infección. Colville habló de la situación en El Salvador donde se están tomando medidas “extremadamente severas” que pueden constituir trato cruel, inhumano y degradante y que pueden exacerbar las condiciones de higiene ya precarias.

“Los problemas estructurales preexistentes, como el hacinamiento crónico y las condiciones antihigiénicas, junto con la falta de acceso adecuado a la atención médica han permitido la rápida propagación de COVID-19 en muchas instalaciones”, advirtió la Oficina de Bachelet.

Además, en muchos países, el creciente temor al contagio y la falta de servicios básicos, como la provisión regular de alimentos debido a la prohibición de las visitas familiares, han desencadenado protestas y disturbios.

Investigaciones, acción y justicia

“Recordamos a las autoridades que el uso de la fuerza debe cumplir estrictamente con los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y no discriminación, y que los Estados tienen el deber de proteger la salud y el bienestar físico y mental de los reclusos, según lo establecido en las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, también conocidas como las Reglas de Nelson Mandela”, aseguró el portavoz de Bachelet.

La Oficina de la Alta Comisionada hizo un llamado a los países para que lleven a cabo investigaciones exhaustivas, rápidas, independientes e imparciales sobre las circunstancias de las muertes y lesiones durante los disturbios, incluida cualquier denuncia de uso de la fuerza por parte de agentes estatales.

También pidió a los países que tomen las medidas apropiadas para evitar una mayor propagación del virus garantizando condiciones sanitarias, acceso generalizado a las pruebas y acceso a la atención médica necesaria para los detenidos, así como equipos de protección personal y pruebas para el personal de la prisión.

Las autoridades además deben garantizar un nivel mínimo de contactos personales con los miembros de la familia y el acceso adecuado a alimentos y agua potable, así como proporcionar información periódica y transparente sobre el impacto de la enfermedad en los presos y el personal. Las condiciones en los centros de detención y las cárceles, y el tratamiento de los detenidos deben ser monitoreados regularmente por organismos independientes, y los presos que se enferman deben ser colocados en aislamiento no punitivo o en cuarentena en instalaciones donde puedan recibir la atención médica adecuada.

Liberación en la pandemia sin impunidad

Rupert Colville agradeció las medidas tomadas por algunos Estados para liberar a convictos y a los detenidos preventivamente más vulnerables a COVID-19, incluidos los que tienen afecciones médicas subyacentes, las mujeres embarazadas, los más mayores, los que viven con el VIH y los que cuenta con alguna discapacidad.

“Sin embargo, se necesitan medidas más amplias para reducir los niveles extremos de hacinamiento mediante la liberación de otras categorías de presos que cumplen sentencias cortas por delitos no violentos, así como niños y personas detenidas por delitos de inmigración”, dijo.

También es esencial que los Estados garanticen que esas medidas no contribuyan a la impunidad de los crímenes violentos. Las personas condenadas por delitos reconocidos por el derecho internacional después de un juicio justo y público por un tribunal independiente e imparcial deben considerarse para la liberación temporal de la custodia solo en circunstancias excepcionales.

Según la Oficina de Bachelet, en el contexto de la pandemia, es urgente reducir el uso de la detención preventiva, una medida que siempre debe ser excepcional, pero que se ha utilizado de manera crónica en las Américas. La Orientación provisional del Comité Permanente entre Organismos sobre COVID-19 y las personas privadas de libertad ofrece sugerencias prácticas a los Estados que desean implementar medidas para reducir el hacinamiento en los lugares de detención.

“Las personas detenidas arbitrariamente, sin base jurídica suficiente, o por delitos incompatibles con el derecho internacional, así como todos los encarcelados por ejercer sus derechos humanos, incluida la expresión de opiniones discrepantes, también deben ser liberados”, expresó el portavoz.

Finalmente, las autoridades además deben asegurarse de que las personas que han sido liberadas reciban atención médica adecuada.

SOURCE Centro de Noticias ONU

NUEVA YORK, 05 May 2020 /PRNewswire Policy/ — La Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió investigar los motines que están ocurriendo en cárceles de las Américas para protestar por la falta de protección.

El coronavirus se está expandiendo rápidamente por cárceles sobrepobladas y con falta de higiene. “Miles de prisioneros y funcionarios se han infectado en América del Norte y del Sur”, dijo el portavoz.

El peor incidente tuvo lugar el pasado 1 de mayo en la cárcel de Los Llanos en Venezuela, donde 47 presos perdieron la vida. Otro motín en la cárcel de La Modelo, en Colombia, dejó en marzo 23 muertos. En Perú, nueve reos perdieron la vida el 27 de abril. Otros incidentes, incluidos intentos de fuga, han ocurrido en Argentina, Brasil, México y Estados Unidos.

«La escala y gravedad de los incidentes mencionados parece indicar que en algunos casos los Estados no han adoptado las medidas adecuadas para prevenir la violencia en las instalaciones de detención y que los agentes estatales habrían cometido violaciones del uso de la fuerza en su intento por recuperar el control de dichas instalaciones”, dijo el portavoz de la Alta Comisionada, Rupert Colville.

Además, algunos países están deteniendo a gente por incumplir las cuarentenas, lo que aumenta el riesgo de infección. Colville habló de la situación en El Salvador donde se están tomando medidas “extremadamente severas” que pueden constituir trato cruel, inhumano y degradante y que pueden exacerbar las condiciones de higiene ya precarias.

“Los problemas estructurales preexistentes, como el hacinamiento crónico y las condiciones antihigiénicas, junto con la falta de acceso adecuado a la atención médica han permitido la rápida propagación de COVID-19 en muchas instalaciones”, advirtió la Oficina de Bachelet.

Además, en muchos países, el creciente temor al contagio y la falta de servicios básicos, como la provisión regular de alimentos debido a la prohibición de las visitas familiares, han desencadenado protestas y disturbios.

Investigaciones, acción y justicia

“Recordamos a las autoridades que el uso de la fuerza debe cumplir estrictamente con los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y no discriminación, y que los Estados tienen el deber de proteger la salud y el bienestar físico y mental de los reclusos, según lo establecido en las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, también conocidas como las Reglas de Nelson Mandela”, aseguró el portavoz de Bachelet.

La Oficina de la Alta Comisionada hizo un llamado a los países para que lleven a cabo investigaciones exhaustivas, rápidas, independientes e imparciales sobre las circunstancias de las muertes y lesiones durante los disturbios, incluida cualquier denuncia de uso de la fuerza por parte de agentes estatales.

También pidió a los países que tomen las medidas apropiadas para evitar una mayor propagación del virus garantizando condiciones sanitarias, acceso generalizado a las pruebas y acceso a la atención médica necesaria para los detenidos, así como equipos de protección personal y pruebas para el personal de la prisión.

Las autoridades además deben garantizar un nivel mínimo de contactos personales con los miembros de la familia y el acceso adecuado a alimentos y agua potable, así como proporcionar información periódica y transparente sobre el impacto de la enfermedad en los presos y el personal. Las condiciones en los centros de detención y las cárceles, y el tratamiento de los detenidos deben ser monitoreados regularmente por organismos independientes, y los presos que se enferman deben ser colocados en aislamiento no punitivo o en cuarentena en instalaciones donde puedan recibir la atención médica adecuada.

Liberación en la pandemia sin impunidad

Rupert Colville agradeció las medidas tomadas por algunos Estados para liberar a convictos y a los detenidos preventivamente más vulnerables a COVID-19, incluidos los que tienen afecciones médicas subyacentes, las mujeres embarazadas, los más mayores, los que viven con el VIH y los que cuenta con alguna discapacidad.

“Sin embargo, se necesitan medidas más amplias para reducir los niveles extremos de hacinamiento mediante la liberación de otras categorías de presos que cumplen sentencias cortas por delitos no violentos, así como niños y personas detenidas por delitos de inmigración”, dijo.

También es esencial que los Estados garanticen que esas medidas no contribuyan a la impunidad de los crímenes violentos. Las personas condenadas por delitos reconocidos por el derecho internacional después de un juicio justo y público por un tribunal independiente e imparcial deben considerarse para la liberación temporal de la custodia solo en circunstancias excepcionales.

Según la Oficina de Bachelet, en el contexto de la pandemia, es urgente reducir el uso de la detención preventiva, una medida que siempre debe ser excepcional, pero que se ha utilizado de manera crónica en las Américas. La Orientación provisional del Comité Permanente entre Organismos sobre COVID-19 y las personas privadas de libertad ofrece sugerencias prácticas a los Estados que desean implementar medidas para reducir el hacinamiento en los lugares de detención.

“Las personas detenidas arbitrariamente, sin base jurídica suficiente, o por delitos incompatibles con el derecho internacional, así como todos los encarcelados por ejercer sus derechos humanos, incluida la expresión de opiniones discrepantes, también deben ser liberados”, expresó el portavoz.

Finalmente, las autoridades además deben asegurarse de que las personas que han sido liberadas reciban atención médica adecuada.

SOURCE Centro de Noticias ONU

NUEVA YORK, 05 May 2020 /PRNewswire Policy/ — La Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió investigar los motines que están ocurriendo en cárceles de las Américas para protestar por la falta de protección.

El coronavirus se está expandiendo rápidamente por cárceles sobrepobladas y con falta de higiene. “Miles de prisioneros y funcionarios se han infectado en América del Norte y del Sur”, dijo el portavoz.

El peor incidente tuvo lugar el pasado 1 de mayo en la cárcel de Los Llanos en Venezuela, donde 47 presos perdieron la vida. Otro motín en la cárcel de La Modelo, en Colombia, dejó en marzo 23 muertos. En Perú, nueve reos perdieron la vida el 27 de abril. Otros incidentes, incluidos intentos de fuga, han ocurrido en Argentina, Brasil, México y Estados Unidos.

«La escala y gravedad de los incidentes mencionados parece indicar que en algunos casos los Estados no han adoptado las medidas adecuadas para prevenir la violencia en las instalaciones de detención y que los agentes estatales habrían cometido violaciones del uso de la fuerza en su intento por recuperar el control de dichas instalaciones”, dijo el portavoz de la Alta Comisionada, Rupert Colville.

Además, algunos países están deteniendo a gente por incumplir las cuarentenas, lo que aumenta el riesgo de infección. Colville habló de la situación en El Salvador donde se están tomando medidas “extremadamente severas” que pueden constituir trato cruel, inhumano y degradante y que pueden exacerbar las condiciones de higiene ya precarias.

“Los problemas estructurales preexistentes, como el hacinamiento crónico y las condiciones antihigiénicas, junto con la falta de acceso adecuado a la atención médica han permitido la rápida propagación de COVID-19 en muchas instalaciones”, advirtió la Oficina de Bachelet.

Además, en muchos países, el creciente temor al contagio y la falta de servicios básicos, como la provisión regular de alimentos debido a la prohibición de las visitas familiares, han desencadenado protestas y disturbios.

Investigaciones, acción y justicia

“Recordamos a las autoridades que el uso de la fuerza debe cumplir estrictamente con los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y no discriminación, y que los Estados tienen el deber de proteger la salud y el bienestar físico y mental de los reclusos, según lo establecido en las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, también conocidas como las Reglas de Nelson Mandela”, aseguró el portavoz de Bachelet.

La Oficina de la Alta Comisionada hizo un llamado a los países para que lleven a cabo investigaciones exhaustivas, rápidas, independientes e imparciales sobre las circunstancias de las muertes y lesiones durante los disturbios, incluida cualquier denuncia de uso de la fuerza por parte de agentes estatales.

También pidió a los países que tomen las medidas apropiadas para evitar una mayor propagación del virus garantizando condiciones sanitarias, acceso generalizado a las pruebas y acceso a la atención médica necesaria para los detenidos, así como equipos de protección personal y pruebas para el personal de la prisión.

Las autoridades además deben garantizar un nivel mínimo de contactos personales con los miembros de la familia y el acceso adecuado a alimentos y agua potable, así como proporcionar información periódica y transparente sobre el impacto de la enfermedad en los presos y el personal. Las condiciones en los centros de detención y las cárceles, y el tratamiento de los detenidos deben ser monitoreados regularmente por organismos independientes, y los presos que se enferman deben ser colocados en aislamiento no punitivo o en cuarentena en instalaciones donde puedan recibir la atención médica adecuada.

Liberación en la pandemia sin impunidad

Rupert Colville agradeció las medidas tomadas por algunos Estados para liberar a convictos y a los detenidos preventivamente más vulnerables a COVID-19, incluidos los que tienen afecciones médicas subyacentes, las mujeres embarazadas, los más mayores, los que viven con el VIH y los que cuenta con alguna discapacidad.

“Sin embargo, se necesitan medidas más amplias para reducir los niveles extremos de hacinamiento mediante la liberación de otras categorías de presos que cumplen sentencias cortas por delitos no violentos, así como niños y personas detenidas por delitos de inmigración”, dijo.

También es esencial que los Estados garanticen que esas medidas no contribuyan a la impunidad de los crímenes violentos. Las personas condenadas por delitos reconocidos por el derecho internacional después de un juicio justo y público por un tribunal independiente e imparcial deben considerarse para la liberación temporal de la custodia solo en circunstancias excepcionales.

Según la Oficina de Bachelet, en el contexto de la pandemia, es urgente reducir el uso de la detención preventiva, una medida que siempre debe ser excepcional, pero que se ha utilizado de manera crónica en las Américas. La Orientación provisional del Comité Permanente entre Organismos sobre COVID-19 y las personas privadas de libertad ofrece sugerencias prácticas a los Estados que desean implementar medidas para reducir el hacinamiento en los lugares de detención.

“Las personas detenidas arbitrariamente, sin base jurídica suficiente, o por delitos incompatibles con el derecho internacional, así como todos los encarcelados por ejercer sus derechos humanos, incluida la expresión de opiniones discrepantes, también deben ser liberados”, expresó el portavoz.

Finalmente, las autoridades además deben asegurarse de que las personas que han sido liberadas reciban atención médica adecuada.

SOURCE Centro de Noticias ONU

NUEVA YORK, 05 May 2020 /PRNewswire Policy/ — La Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió investigar los motines que están ocurriendo en cárceles de las Américas para protestar por la falta de protección.

El coronavirus se está expandiendo rápidamente por cárceles sobrepobladas y con falta de higiene. “Miles de prisioneros y funcionarios se han infectado en América del Norte y del Sur”, dijo el portavoz.

El peor incidente tuvo lugar el pasado 1 de mayo en la cárcel de Los Llanos en Venezuela, donde 47 presos perdieron la vida. Otro motín en la cárcel de La Modelo, en Colombia, dejó en marzo 23 muertos. En Perú, nueve reos perdieron la vida el 27 de abril. Otros incidentes, incluidos intentos de fuga, han ocurrido en Argentina, Brasil, México y Estados Unidos.

«La escala y gravedad de los incidentes mencionados parece indicar que en algunos casos los Estados no han adoptado las medidas adecuadas para prevenir la violencia en las instalaciones de detención y que los agentes estatales habrían cometido violaciones del uso de la fuerza en su intento por recuperar el control de dichas instalaciones”, dijo el portavoz de la Alta Comisionada, Rupert Colville.

Además, algunos países están deteniendo a gente por incumplir las cuarentenas, lo que aumenta el riesgo de infección. Colville habló de la situación en El Salvador donde se están tomando medidas “extremadamente severas” que pueden constituir trato cruel, inhumano y degradante y que pueden exacerbar las condiciones de higiene ya precarias.

“Los problemas estructurales preexistentes, como el hacinamiento crónico y las condiciones antihigiénicas, junto con la falta de acceso adecuado a la atención médica han permitido la rápida propagación de COVID-19 en muchas instalaciones”, advirtió la Oficina de Bachelet.

Además, en muchos países, el creciente temor al contagio y la falta de servicios básicos, como la provisión regular de alimentos debido a la prohibición de las visitas familiares, han desencadenado protestas y disturbios.

Investigaciones, acción y justicia

“Recordamos a las autoridades que el uso de la fuerza debe cumplir estrictamente con los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y no discriminación, y que los Estados tienen el deber de proteger la salud y el bienestar físico y mental de los reclusos, según lo establecido en las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, también conocidas como las Reglas de Nelson Mandela”, aseguró el portavoz de Bachelet.

La Oficina de la Alta Comisionada hizo un llamado a los países para que lleven a cabo investigaciones exhaustivas, rápidas, independientes e imparciales sobre las circunstancias de las muertes y lesiones durante los disturbios, incluida cualquier denuncia de uso de la fuerza por parte de agentes estatales.

También pidió a los países que tomen las medidas apropiadas para evitar una mayor propagación del virus garantizando condiciones sanitarias, acceso generalizado a las pruebas y acceso a la atención médica necesaria para los detenidos, así como equipos de protección personal y pruebas para el personal de la prisión.

Las autoridades además deben garantizar un nivel mínimo de contactos personales con los miembros de la familia y el acceso adecuado a alimentos y agua potable, así como proporcionar información periódica y transparente sobre el impacto de la enfermedad en los presos y el personal. Las condiciones en los centros de detención y las cárceles, y el tratamiento de los detenidos deben ser monitoreados regularmente por organismos independientes, y los presos que se enferman deben ser colocados en aislamiento no punitivo o en cuarentena en instalaciones donde puedan recibir la atención médica adecuada.

Liberación en la pandemia sin impunidad

Rupert Colville agradeció las medidas tomadas por algunos Estados para liberar a convictos y a los detenidos preventivamente más vulnerables a COVID-19, incluidos los que tienen afecciones médicas subyacentes, las mujeres embarazadas, los más mayores, los que viven con el VIH y los que cuenta con alguna discapacidad.

“Sin embargo, se necesitan medidas más amplias para reducir los niveles extremos de hacinamiento mediante la liberación de otras categorías de presos que cumplen sentencias cortas por delitos no violentos, así como niños y personas detenidas por delitos de inmigración”, dijo.

También es esencial que los Estados garanticen que esas medidas no contribuyan a la impunidad de los crímenes violentos. Las personas condenadas por delitos reconocidos por el derecho internacional después de un juicio justo y público por un tribunal independiente e imparcial deben considerarse para la liberación temporal de la custodia solo en circunstancias excepcionales.

Según la Oficina de Bachelet, en el contexto de la pandemia, es urgente reducir el uso de la detención preventiva, una medida que siempre debe ser excepcional, pero que se ha utilizado de manera crónica en las Américas. La Orientación provisional del Comité Permanente entre Organismos sobre COVID-19 y las personas privadas de libertad ofrece sugerencias prácticas a los Estados que desean implementar medidas para reducir el hacinamiento en los lugares de detención.

“Las personas detenidas arbitrariamente, sin base jurídica suficiente, o por delitos incompatibles con el derecho internacional, así como todos los encarcelados por ejercer sus derechos humanos, incluida la expresión de opiniones discrepantes, también deben ser liberados”, expresó el portavoz.

Finalmente, las autoridades además deben asegurarse de que las personas que han sido liberadas reciban atención médica adecuada.

SOURCE Centro de Noticias ONU

MIAMI, 4 de mayo de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ — Durante la pandemia de COVID-19, hemos visto que el Internet se ha convertido en nuestra conexión con el mundo exterior. Una variedad de plataformas de aprendizaje en línea han tenido un incremento en su demanda, ya que agregan valor durante la cuarentena y ayudan a las personas a ser más productivas en estos momentos. Open English, el líder en aprendizaje de inglés con instrucción en vivo para hispanos, ha sido uno de estos programas. El número de inscripciones por parte de estudiantes en los Estados Unidos se ha duplicado; así mismo sus estudiantes existentes han duplicado la participación en clases en vivo. 

En los Estados Unidos hay cerca de 60 millones de hispanos^[1], casi un 20% de la población, y se estima que un tercio no habla inglés^[2]. Gracias a más de una década de experiencia enseñando inglés en Latinoamérica, Open English ha podido implementar esta experiencia en la enseñanza de la población hispana en los Estados Unidos, convirtiéndose en una de las principales plataformas de aprendizaje en línea para este mercado. Open English conecta a los estudiantes con profesores americanos a través de clases en vivo a pedido impartidas en aulas virtuales.

En respuesta a este aumento en interés y para solidarizarse con aquellos que quieren aprender inglés durante la cuarentena, la compañía ha decidido ofrecer clases gratuitas en vivo y dar una licencia adicional a los nuevos estudiantes que se inscriban desde ahora hasta el 15 de mayo de 2020. Estas clases gratuitas en vivo les dan un sentido de comunidad a aquéllos dispuestos a aprender inglés durante su tiempo en casa, proporcionando una alternativa al aprendizaje presencial. 

«Nuestros maestros norteamericanos imparten más de 500.000 clases en vivo al año, lo que resulta en un producto que agrega valor incluso durante estos momentos en los que nuestra rutina diaria se ha suspendido y la adopción del aprendizaje de inglés en línea ha aumentado entre los hispanos en los Estados Unidos», explica Andrés Moreno, CEO y fundador de Open Education. «Queremos compartir Open English con tantas personas como sea posible en los Estados Unidos mientras se deban quedar en casa.»

Existe una demanda real en los Estados Unidos para cursos de inglés en línea que se adapten a las necesidades y, qué mejor forma de comenzar que con las clases gratuitas en línea de Open English. Los hispanos tienen muchas razones para querer aprender o practicar inglés; puede que quieran avanzar en la escuela, conseguir un mejor trabajo, mejorar sus interacciones diarias o incluso poder ayudar a sus hijos con el trabajo escolar; especialmente ahora que los padres juegan un papel tan importante en la educación de sus hijos mientras se quedan en casa y las escuelas están cerradas. 

Cómo aprovechar la oportunidad que ofrece Open English 

Las clases en vivo gratuitas se podrán ver ingresando al sitio web de Open English,  openenglish.com/quedateencasa y haciendo clic en la clase de interés. Las clases serán de lunes a viernes a las 12 p.m. y a las 4 p.m. hora Colombia y tendrán una duración de 10 minutos. Open English estará ofreciendo las clases mientras se deba permanecer en casa y así ayudar a que las personas sean productivas.

Y, para aquéllos que puedan dedicar más tiempo y quieran aprender inglés de manera intensiva, Open English regala una licencia adicional a cada persona que se inscriba desde ahora hasta el 15 de mayo de 2020.   

Sobre Open English

Open English es la empresa líder en enseñanza de inglés en América Latina y el mercado hispano en los EE.UU. La compañía fue fundada en 2008 con el objetivo de reinventar la manera en que las personas aprenden inglés, enfocados en suplir la necesidad del profesional de hoy en día. La escuela de aprendizaje online ofrece clases personalizadas y en vivo, con profesores norteamericanos.

Para más información visite:  https://www.openenglish.com/

_________________________________________

^[1] US Census Bureau  https://www.census.gov/newsroom/facts-for-features/2019/hispanic-heritage-month.html

^[2] The Pew research Center https://www.pewresearch.org/hispanic/2015/05/12/english-proficiency-on-the-rise-among-latinos/#fn-22303-1

FUENTE Open English

GUANAJUATO, México, 04 May 2020 /PRNewswire Policy/ — (Notimex). – La escasez de cerveza no debe ser un motivo para que los proveedores abusen de los consumidores, afirmó el director de la Oficina Estatal de Defensa al Consumidor en Guanajuato, Armando Guzmán García, luego de realizar las suspensiones de dos locales que subieron injustificadamente sus precios.

A partir del paro en la elaboración y proveeduría de cerveza en México el pasado 2 de abril, comenzaron las denuncias sobre el condicionamiento e incremento discrecional del precio en la cerveza, lo que ha arrojado hasta el momento seis quejas y cuatro suspensiones en la entidad.

Este lunes, el organismo federal colocó sellos de inmovilización en dos centros de abasto y dos tiendas de autoservicio por elevar el precio de la bebida y condicionar su venta.

Guzmán García informó sobre el inicio de procesos sancionadores en contra de dos negocios en la Central de Abastos de León; mientras que en Silao también se realizó este proceso en dos tiendas de conveniencia, donde elevaron al doble el precio de la cerveza, sin ninguna justificación.

“La falla más grave es que están condicionando la venta de la cerveza en varios establecimientos principalmente de la Central de Abastos, a un consumidor se le obliga a comprar de mil 500 a dos mil pesos de abarrotes para que les puedan vender cerveza y la otra es que ante la escasez, elevan el precio de manera desproporcionada”, indicó.

Dijo que las multas por estas accciones se aplicarán de acuerdo al tamaño del negocio.

Llamó a los consumidores a denunciar cualquier clase de abuso y a los proveedores les pidió no utilizar los problemas generados por la pandemia de Coronavirus para lucrar.

Adelantó que en próximos días atenderán dos denuncias de ciudadanos que han señalado condicionamiento e incremento en el precio de la bebida alcohólica.

SOURCE NOTIMEX

GUANAJUATO, México, 04 May 2020 /PRNewswire Policy/ — (Notimex). – La escasez de cerveza no debe ser un motivo para que los proveedores abusen de los consumidores, afirmó el director de la Oficina Estatal de Defensa al Consumidor en Guanajuato, Armando Guzmán García, luego de realizar las suspensiones de dos locales que subieron injustificadamente sus precios.

A partir del paro en la elaboración y proveeduría de cerveza en México el pasado 2 de abril, comenzaron las denuncias sobre el condicionamiento e incremento discrecional del precio en la cerveza, lo que ha arrojado hasta el momento seis quejas y cuatro suspensiones en la entidad.

Este lunes, el organismo federal colocó sellos de inmovilización en dos centros de abasto y dos tiendas de autoservicio por elevar el precio de la bebida y condicionar su venta.

Guzmán García informó sobre el inicio de procesos sancionadores en contra de dos negocios en la Central de Abastos de León; mientras que en Silao también se realizó este proceso en dos tiendas de conveniencia, donde elevaron al doble el precio de la cerveza, sin ninguna justificación.

“La falla más grave es que están condicionando la venta de la cerveza en varios establecimientos principalmente de la Central de Abastos, a un consumidor se le obliga a comprar de mil 500 a dos mil pesos de abarrotes para que les puedan vender cerveza y la otra es que ante la escasez, elevan el precio de manera desproporcionada”, indicó.

Dijo que las multas por estas accciones se aplicarán de acuerdo al tamaño del negocio.

Llamó a los consumidores a denunciar cualquier clase de abuso y a los proveedores les pidió no utilizar los problemas generados por la pandemia de Coronavirus para lucrar.

Adelantó que en próximos días atenderán dos denuncias de ciudadanos que han señalado condicionamiento e incremento en el precio de la bebida alcohólica.

SOURCE NOTIMEX

MIAMI, 1 de mayo de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ — «Invertir en los sistemas de salud pública debe convertirse en una constante, más allá de la pandemia de Covid-19, pues será el único modelo que garantizará un acceso de calidad en todos los países». Esta fue una de las conclusiones del evento virtual «Latinoamérica enfrentado el COVID-19, conversaciones con la OMS/OPS», organizado por la Alianza de Impacto Latino y la Fundación Ismael Cala.

En el encuentro, Ismael Cala, presidente de la Fundación Ismael Cala, entrevistó al Dr. Marcos Espinal, director del Departamento de Enfermedades Transmisibles y Análisis de Salud de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Oficina Regional para las Américas de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Ambos abordaron la peligrosidad del virus, pero también la existencia de otros problemas en la región, como la violencia de género o la salud mental, que representan un gran riesgo para las poblaciones más vulnerables.

También alertaron sobre los riesgos de vivir en un mundo globalizado, muy afectado por la circulación de noticias falsas, y recomendaron evitar la desinformación a través de la verificación exhaustiva de las fuentes.

Según datos aportados por el Dr. Espinal, en la actualidad existen más de 180 estudios médicos sobre el Covid-19 en proceso. Sin embargo, no hay recomendación de ningún tipo hasta comprobar su eficacia.

En cuanto a la vacuna, hasta el momento existen cuatro proyectos de investigación en humanos. Una vacuna podría estar lista en octubre, pero, aunque resultara efectiva, la producción y distribución a todos los países tomará su tiempo.

Por último, la Organización Panamericana de la Salud, solicitó a los gobiernos ser cuidadosos en la flexibilización de las medidas actuales de aislamiento social, para evitar un rebrote.

Para ello, debería garantizarse la capacidad hospitalaria y el apoyo a las personas que continúan en aislamiento, sobre todo en los países más pobres.

El Dr. Marcos Espinal es actualmente director del Departamento de Enfermedades Transmisibles y Análisis de Salud de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Oficina Regional para las Américas de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Ha trabajado en temas vinculados a enfermedades olvidadas, tropicales y transmitidas por vectores; comunicación de riesgos y brotes; VIH, hepatitis, tuberculosis e ITS.

La Fundación Ismael Cala apuesta al desarrollo del liderazgo emocional y educativo de niños, adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad de nuestra región y población hispana de EEUU. Para lograr su misión, ICF ha creado varios programas, entre ellos el de Canalización de Becas. En alianza con instituciones educativas, empresas y otras organizaciones de desarrollo social, promueven la educación y formación de jóvenes a través de la canalización de becas para cursos y/o carreras de mejoramiento personal y profesional, y de esta manera incrementar su bienestar y progreso social.

La Alianza de Impacto Latino es una iniciativa que busca promover la generación de alianzas para el crecimiento y desarrollo sostenible de las Américas. Reúne a líderes de todos de los sectores en pro del Desarrollo Sostenible de las Américas. Fue creada por las fundaciones PVBLIC e Ismael Cala.

El webinar puede verse en video aquí:

FUENTE Cala Enterprises Corporation

MIAMI, 1 de mayo de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ — «Invertir en los sistemas de salud pública debe convertirse en una constante, más allá de la pandemia de Covid-19, pues será el único modelo que garantizará un acceso de calidad en todos los países». Esta fue una de las conclusiones del evento virtual «Latinoamérica enfrentado el COVID-19, conversaciones con la OMS/OPS», organizado por la Alianza de Impacto Latino y la Fundación Ismael Cala.

En el encuentro, Ismael Cala, presidente de la Fundación Ismael Cala, entrevistó al Dr. Marcos Espinal, director del Departamento de Enfermedades Transmisibles y Análisis de Salud de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Oficina Regional para las Américas de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Ambos abordaron la peligrosidad del virus, pero también la existencia de otros problemas en la región, como la violencia de género o la salud mental, que representan un gran riesgo para las poblaciones más vulnerables.

También alertaron sobre los riesgos de vivir en un mundo globalizado, muy afectado por la circulación de noticias falsas, y recomendaron evitar la desinformación a través de la verificación exhaustiva de las fuentes.

Según datos aportados por el Dr. Espinal, en la actualidad existen más de 180 estudios médicos sobre el Covid-19 en proceso. Sin embargo, no hay recomendación de ningún tipo hasta comprobar su eficacia.

En cuanto a la vacuna, hasta el momento existen cuatro proyectos de investigación en humanos. Una vacuna podría estar lista en octubre, pero, aunque resultara efectiva, la producción y distribución a todos los países tomará su tiempo.

Por último, la Organización Panamericana de la Salud, solicitó a los gobiernos ser cuidadosos en la flexibilización de las medidas actuales de aislamiento social, para evitar un rebrote.

Para ello, debería garantizarse la capacidad hospitalaria y el apoyo a las personas que continúan en aislamiento, sobre todo en los países más pobres.

El Dr. Marcos Espinal es actualmente director del Departamento de Enfermedades Transmisibles y Análisis de Salud de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Oficina Regional para las Américas de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Ha trabajado en temas vinculados a enfermedades olvidadas, tropicales y transmitidas por vectores; comunicación de riesgos y brotes; VIH, hepatitis, tuberculosis e ITS.

La Fundación Ismael Cala apuesta al desarrollo del liderazgo emocional y educativo de niños, adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad de nuestra región y población hispana de EEUU. Para lograr su misión, ICF ha creado varios programas, entre ellos el de Canalización de Becas. En alianza con instituciones educativas, empresas y otras organizaciones de desarrollo social, promueven la educación y formación de jóvenes a través de la canalización de becas para cursos y/o carreras de mejoramiento personal y profesional, y de esta manera incrementar su bienestar y progreso social.

La Alianza de Impacto Latino es una iniciativa que busca promover la generación de alianzas para el crecimiento y desarrollo sostenible de las Américas. Reúne a líderes de todos de los sectores en pro del Desarrollo Sostenible de las Américas. Fue creada por las fundaciones PVBLIC e Ismael Cala.

El webinar puede verse en video aquí:

FUENTE Cala Enterprises Corporation