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LOS ANGELES, 29 de septiembre de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ — World Voices Media (WVM) y Californians for Safety and Justice (CSJ) lanzan campaña de movilización de votantes latinos elegibles «Progreso Sí, Prisiones No», que se enfoca en crear conciencia y movilizar sobre la importancia de apoyar propuestas para reorientar una parte del presupuesto estatal gastado en prisiones, hacia cobertura médica, escuelas, empleos, viviendas y servicios para víctimas del crimen.

Con las elecciones del 3 de noviembre a la vuelta de la esquina, la campaña busca movilizar a más de 30,000 votantes latinos, alentar la participación cívica en las elecciones a través del voto temprano, voto por correo o voto presencial, e iniciar una conversación en nuestras comunidades sobre la urgencia de una reforma del sistema de justicia criminal.

California gasta $50 mil millones de dólares en el sistema de justicia penal todos los años. Reorientar sólo el 1% de esos recursos podría proporcionar a nuestras comunidades y familias recursos para resolver los problemas más graves que los californianos enfrentan cada día, incluida la necesidad de más servicios médicos y educativos. Si California reorientara tan solo el 1% de los $50 mil millones en:

• Restaurar la cobertura de atención médica a más de la mitad de los 2.1 millones de californianos que se estima que perdieron su atención médica durante la pandemia a mediados de mayo
• Proporcionar tratamiento de COVID-19 a 16 mil personas, incluidas las hospitalizaciones
• Mantenimiento de 11 mil paramédicos o 4 mil enfermeras, en un momento en que 1.4 millones de trabajadores de la salud en todo el país perdieron sus trabajos solo durante el mes de abril
• Brindar refugio a casi la mitad de los 108 mil residentes sin hogar en California, en un momento en que se estima que 5.3 millones de residentes están en riesgo de desalojo
• Preservando a 6 mil maestros de escuela primaria
• Pagando por la educación pública para 41 mil estudiantes de K-12
• Apoyar la matrícula y las tarifas anuales para 62 mil estudiantes universitarios, casi uno de cada cuatro estudiantes de primer año entrantes

La campaña enfatiza que la manera más eficiente de asegurar que California tome la mejor decisión de pedir progreso, no prisiones, es empezando localmente: hablando en nuestros centros comunitarios, con vecinos, colegas, amigos, y familiares, sobre la importancia de salir a registrarse, a votar y alentar a otros a la participación cívica.

Por ello se pide a los votantes latinos elegibles hacer una «promesa» para apoyar progreso sí, prisiones no y votar en las próximas elecciones, y comprometerse a alentar a tres amigos, vecinos, familiares o compañeros de trabajo a votar.

Para facilitar el proceso de participación, WVM/CSJ harán también posible que las latinas y latinos elegibles puedan iniciar el proceso de registro electoral a través del teléfono celular, enviando un mensaje de texto con la palabra PROGRESO al 52886. Estudios muestran que alrededor de 8 de cada 10 personas que han dado el paso de registrarse, tienen más probabilidades de votar el día de las elecciones.

«Las leyes demasiado punitivas tienen un efecto devastador en nuestra comunidad latina. Esta colaboración con Californians for Safety and Justice nos dará la oportunidad de alcanzar e informar a nuestra gente sobre cómo podemos progresar en California con inversiones en nuestra infraestructura, escuelas, y servicios médicos y salud mental en lugar de  gastar en gastos penitenciarios y dando sentencias por delitos más graves por cualquier delito menor», explica Patricia Frausto-Rodríguez, Directora Ejecutiva de World Voices Media, una organización sin fines de lucro que organiza campañas de mensajes de impacto social.

«En tan solo la última década, California ha gastado $100 mil millones en prisiones, tomando recursos de lo que nuestras familias necesitan para estar sanas y seguras», dijo Tinisch Hollins, directora asociada de Californians for Safety and Justice. «En lugar de depender del encarcelamiento para mantener seguras a nuestras comunidades, debemos comprometernos a realizar las inversiones necesarias en la prevención para detener el ciclo de la delincuencia, la atención médica, la educación y los programas que abordan la falta de vivienda, la adicción y las enfermedades mentales. Los californianos que trabajan en primera línea para resolver nuestros mayores desafíos se están uniendo para decir que ya no podemos permitirnos gastar miles de millones de dólares en prisiones. Necesitamos progreso, no prisiones, y debemos cumplir con nuestro deber cívico registrándonos para votar y emitiendo nuestras boletas». Tinisch Hollins, Directora Adjunta de Californians for Safety and Justice.

Como parte de la campaña «Progreso Sí, Prisiones No» se creó una página de Internet en el sitio de LaRedHispana.org y se transmitirán cápsulas en audio a través de la red de más de 200 emisoras radiales en español de La Red Hispana, así como animaciones de video a través de sus canales digitales y redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram, y en sus programas insignia como Bienvenidos a América y el show de la Dra. Isabel.

Para más información de la campaña en español, visita LaRedHispana.com.

Contacto: Mercy Padilla
(202) 360-4112
mercy.padilla@hcnmedia.com

FUENTE La Red Hispana

OAKLAND, California, 29 de septiembre de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ — El 24 de septiembre de 2020, el Juez Phyllis J. Hamilton del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito del Norte de California emitió una orden mediante la cual aprueba una demanda colectiva en favor de las personas recluidas en prisiones estatales y federales, conjuntamente con la solicitud de los demandantes de una medida cautelar por la que se exige al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, al Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos (IRS) y a los Estados Unidos de América dejar de retener fondos de estímulo de la Ley CARES, a los demandantes o cualquier miembro de la demanda, bajo la única base de su estado de encarcelamiento.

Un informe del inspector general del Departamento del Tesoro confirma que hacia principios de mayo de 2020, el IRS había determinado que al menos 80.000 personas encarceladas tenían derecho a recibir pagos por más de USD 100 millones. Por ende, la orden del juez hará posible que se entreguen más de USD 100 millones a los miembros de la demanda que requieren asistencia inmediata.

El Congreso aprobó la Ley CARES para proveer asistencia económica urgente durante la crisis derivada de la pandemia por la COVID-19. Las personas encarceladas, y sus familias en libertad, se encuentran entre las de mayor desventaja económica en el país. De acuerdo a un estudio, las personas que están encarceladas tenían un ingreso promedio de tan solo USD 19.185 antes de ser recluidas, en comparación con USD 41.250 de ingreso promedio para personas no encarceladas. Las familias de bajos ingresos presentan unas probabilidades desproporcionadamente mayores de tener un familiar tras las rejas. La misma realidad se observa en familias negras, latinas y nativoamericanas.

Sin embargo, el Tesoro se ha rehusado a emitir pagos de estímulo ya autorizados por el Congreso a personas encarceladas que reúnen los requisitos para recibirlos, con lo cual se agudizan aun más las desventajas económicas que enfrentan estas personas y sus familias.

En la demanda se alega que más de 1,4 millones de personas encarceladas se han visto afectadas por las acciones de las partes acusadas. Muchas de estas personas dependen de la asistencia financiera de familiares y amigos que se encuentran en libertad, que de por sí ya están sufriendo debido a la actual crisis económica.

Los demandantes son Colin Scholl y Lisa Strawn. El equipo de abogados de Lieff Cabraser que los representa a ellos y a los miembros de la demanda colectiva son Kelly M. Dermody, Yaman Salahi y Jalle H. Dafa, a quienes se unieron Eva Jefferson Paterson, Mona Tawatao, Lisa Holder y Christina Alvernaz de Equal Justice Society. Kelly Dermody y Eva Paterson han sido designados como abogados adjuntos de la demanda.

Los acusados son Steven Mnuchin, secretario del Tesoro, Charles Rettig, comisionado de Impuestos Internos, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, el Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos y los Estados Unidos de América.

Para obtener mayor información, visite lieffcabraser.com/cares-act-relief.

El caso es Colin Scholl, et al., v. Steven Mnuchin, et al. El número de caso es el is 20-cv-05309-PJH.

FUENTE Equal Justice Society