LUXEMBURGO, 15 February 2021 /PRNewswire Policy/ — El Comité Europeo de las Regiones (CDR) ha presentado su hoja de ruta sobre el Pacto Verde para 2021. En la cuarta reunión del Grupo de Trabajo «El Pacto Verde se hace local», los dirigentes que participan en esta iniciativa acordaron los objetivos políticos y las prioridades para acelerar la transición hacia la neutralidad en carbono y, al mismo tiempo, situar a las ciudades y regiones en el centro de la recuperación tras la COVID-19. Fomentar la subsidiariedad activa, reforzar la cooperación institucional y facilitar el acceso directo a los fondos de la UE constituyen metas clave. La renovación de edificios, la ecologización de zonas urbanas y la descarbonización del transporte sobresalen como ámbitos de actuación prioritarios. En la reunión también se debatió la iniciativa sobre los retos de las ciudades inteligentes , así como el Mecanismo para una Transición Justa . Ambos instrumentos desempeñan un papel destacado a la hora de poner en práctica la agenda del Pacto Verde.

Al comenzar el debate sobre los objetivos políticos, hitos y áreas prioritarias de «El Pacto Verde se hace local» para 2021, Juan Espadas (ES/PSE) , alcalde de Sevilla y presidente del Grupo de Trabajo y de la Comisión ENVE, comentó así las dos iniciativas emblemáticas de la Comisión Europea presentadas en la reunión: « Cuando decimos que el Pacto Verde será local o no será no estamos simplemente acuñando una frase. La Unión Europea nunca logrará la neutralidad climática si sus territorios no comparten los mismos objetivos ambiciosos. Proyectos como la iniciativa sobre los retos de las ciudades inteligentes y la Plataforma para una Transición Justa son ejemplos que muestran cómo podemos aplicar sobre el terreno el Pacto Verde creando el apoyo necesario y buscando sinergias para ayudar a las ciudades y regiones. La crisis climática es el mayor reto que afrontamos, y necesitamos formas innovadoras de colaborar en pos de un objetivo común y compartido ».

Los miembros intercambiaron puntos de vista sobre dos iniciativas emblemáticas de la Comisión Europea en apoyo de la transición de la UE hacia la neutralidad climática. La iniciativa sobre los retos de las ciudades inteligentes fue presentada por Iordana Eleftheriadou , de la DG GROW , mientras que Myriam Boveda , de la DG REGIO , expuso las últimas novedades sobre el Mecanismo para una Transición Justa. Ambos instrumentos tienen por objeto apoyar el despliegue de Pactos Verdes locales y regionales.

Michael Murphy (IE/PPE) , miembro de la Asamblea del Condado de Tipperary y presidente de la Comisión ECON del CDR, afirmó: « Creo firmemente que los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el Pacto Verde Europeo deben ir de la mano para conseguir erradicar la pobreza y respetar los límites de nuestro planeta ».

Durante el debate sobre las prioridades del Grupo de Trabajo, Isabelle Boudineau (FR/PSE) , vicepresidenta de la Región de Nueva Aquitania y presidenta de la Comisión de Política de Cohesión Territorial y Presupuesto de la UE ( COTER ) del CDR, declaró: « La futura estrategia de la Comisión Europea para una movilidad inteligente y sostenible debe reflejar las ambiciones expresadas por los territorios para aplicar el Pacto Verde. La importancia de las conexiones transfronterizas, la internalización de los costes externos —y, más concretamente, el principio de que “quien contamina paga”—, el lugar del transporte público en nuestras ciudades y zonas rurales, la importancia de la movilidad cotidiana y el cambio modal para reducir el transporte por carretera y aéreo en favor del ferrocarril son temas en los que se debe escuchar nuestra voz. La Comisión Europea no alcanzará sus objetivos sin nosotros ». El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, presentará los avances del Grupo de Trabajo «El Pacto Verde se hace local» en la próxima reunión de la Comisión COTER, que se celebrará el 26 de febrero de 2021.

Rafał Trzaskowski (PL/PPE) , alcalde de Varsovia, expuso sus impresiones sobre la primera reunión de la Junta del Pacto de los Alcaldes a la que asiste como miembro. El alcalde Trzaskowski señaló: « En la última reunión refrendamos el nuevo compromiso del Pacto de los Alcaldes por una Europa más justa y climáticamente neutra, cuyo objetivo es alinear el Pacto de los Alcaldes con el Pacto Verde y convertirlo en un instrumento primordial para llevar a cabo una transición hacia la neutralidad en carbono. Todos tenemos que aunar fuerzas para aplicar el Pacto Verde a nivel local. Pedimos a la Comisión Europea que aporte apoyo financiero y no financiero para que los dirigentes locales y regionales hagan realidad el Pacto Verde sobre el terreno y promuevan la aceptación social de la transición climática. La ayuda financiera de la UE, incluidos los fondos de cohesión, debe llegar directamente a las ciudades y regiones de manera transparente y justa. No hay tiempo que perder ».

En el próximo pleno del CDR, que tendrá lugar en marzo, la asamblea de la UE de los entes locales y regionales debatirá con la comisaria europea de Energía Kadri Simson la oleada de renovación , el ingente plan de la UE para mejorar la eficiencia energética de los edificios europeos. En un proyecto de Dictamen elaborado por el ponente Enrico Rossi (IT/PSE) , miembro del Consejo Municipal de Signa (Florencia) y anterior presidente de la Región de Toscana (2010-2020), el CDR plantea un conjunto integral de medidas para reducir la huella de carbono de los edificios y, al mismo tiempo, crear empleo y combatir la pobreza energética.

El Grupo de Trabajo «El Pacto Verde se hace local» se puso en marcha el 15 de junio de 2020 y está integrado por trece miembros del Comité Europeo de las Regiones.

La versión final de la hoja de ruta para 2021 del Grupo de Trabajo «El Pacto Verde se hace local» estará disponible en breve en el portal web específico del CDR.

Más información:

Enmarcada en la prioridad «crear comunidades resilientes» del CDR, la iniciativa El Pacto Verde se hace local tiene por objeto situar a las ciudades y regiones en el centro del Pacto Verde Europeo y garantizar que tanto la estrategia de crecimiento sostenible de la UE como los planes de recuperación tras la COVID-19 se traduzcan en financiación directa para las ciudades y regiones y en proyectos tangibles para los distintos territorios. Con el fin de inspirar y acelerar la acción, «El Pacto Verde se hace local» incluye un mapa en línea con 200 mejores prácticas .

Con vistas a la COP26, el CDR está trabajando en un proyecto de Dictamen sobre el tema «Intensificar la ambición climática de Europa para 2030: camino a la COP26» . El ponente es Vincent Chauvet (FR/Renew Europe) , alcalde de Autun.

Por lo que se refiere a la movilidad, el CDR está trabajando en un proyecto de Dictamen sobre movilidad inteligente y sostenible cuyo ponente es Robert Van Asten (NL/Renew Europe) , concejal de La Haya.

En julio de 2020, el CDR aprobó sus recomendaciones sobre el Fondo de Transición Justa en un Dictamen elaborado por el ponente Vojko Obersnel (HR/PSE) , alcalde de Rijeka.

Derechos de Autor Unión Europea, 1995-2021

SOURCE Unión Europea – Comité de las Regiones

LUXEMBURGO, 15 February 2021 /PRNewswire Policy/ — El Comité Europeo de las Regiones (CDR) ha presentado su hoja de ruta sobre el Pacto Verde para 2021. En la cuarta reunión del Grupo de Trabajo «El Pacto Verde se hace local», los dirigentes que participan en esta iniciativa acordaron los objetivos políticos y las prioridades para acelerar la transición hacia la neutralidad en carbono y, al mismo tiempo, situar a las ciudades y regiones en el centro de la recuperación tras la COVID-19. Fomentar la subsidiariedad activa, reforzar la cooperación institucional y facilitar el acceso directo a los fondos de la UE constituyen metas clave. La renovación de edificios, la ecologización de zonas urbanas y la descarbonización del transporte sobresalen como ámbitos de actuación prioritarios. En la reunión también se debatió la iniciativa sobre los retos de las ciudades inteligentes , así como el Mecanismo para una Transición Justa . Ambos instrumentos desempeñan un papel destacado a la hora de poner en práctica la agenda del Pacto Verde.

Al comenzar el debate sobre los objetivos políticos, hitos y áreas prioritarias de «El Pacto Verde se hace local» para 2021, Juan Espadas (ES/PSE) , alcalde de Sevilla y presidente del Grupo de Trabajo y de la Comisión ENVE, comentó así las dos iniciativas emblemáticas de la Comisión Europea presentadas en la reunión: « Cuando decimos que el Pacto Verde será local o no será no estamos simplemente acuñando una frase. La Unión Europea nunca logrará la neutralidad climática si sus territorios no comparten los mismos objetivos ambiciosos. Proyectos como la iniciativa sobre los retos de las ciudades inteligentes y la Plataforma para una Transición Justa son ejemplos que muestran cómo podemos aplicar sobre el terreno el Pacto Verde creando el apoyo necesario y buscando sinergias para ayudar a las ciudades y regiones. La crisis climática es el mayor reto que afrontamos, y necesitamos formas innovadoras de colaborar en pos de un objetivo común y compartido ».

Los miembros intercambiaron puntos de vista sobre dos iniciativas emblemáticas de la Comisión Europea en apoyo de la transición de la UE hacia la neutralidad climática. La iniciativa sobre los retos de las ciudades inteligentes fue presentada por Iordana Eleftheriadou , de la DG GROW , mientras que Myriam Boveda , de la DG REGIO , expuso las últimas novedades sobre el Mecanismo para una Transición Justa. Ambos instrumentos tienen por objeto apoyar el despliegue de Pactos Verdes locales y regionales.

Michael Murphy (IE/PPE) , miembro de la Asamblea del Condado de Tipperary y presidente de la Comisión ECON del CDR, afirmó: « Creo firmemente que los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el Pacto Verde Europeo deben ir de la mano para conseguir erradicar la pobreza y respetar los límites de nuestro planeta ».

Durante el debate sobre las prioridades del Grupo de Trabajo, Isabelle Boudineau (FR/PSE) , vicepresidenta de la Región de Nueva Aquitania y presidenta de la Comisión de Política de Cohesión Territorial y Presupuesto de la UE ( COTER ) del CDR, declaró: « La futura estrategia de la Comisión Europea para una movilidad inteligente y sostenible debe reflejar las ambiciones expresadas por los territorios para aplicar el Pacto Verde. La importancia de las conexiones transfronterizas, la internalización de los costes externos —y, más concretamente, el principio de que “quien contamina paga”—, el lugar del transporte público en nuestras ciudades y zonas rurales, la importancia de la movilidad cotidiana y el cambio modal para reducir el transporte por carretera y aéreo en favor del ferrocarril son temas en los que se debe escuchar nuestra voz. La Comisión Europea no alcanzará sus objetivos sin nosotros ». El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, presentará los avances del Grupo de Trabajo «El Pacto Verde se hace local» en la próxima reunión de la Comisión COTER, que se celebrará el 26 de febrero de 2021.

Rafał Trzaskowski (PL/PPE) , alcalde de Varsovia, expuso sus impresiones sobre la primera reunión de la Junta del Pacto de los Alcaldes a la que asiste como miembro. El alcalde Trzaskowski señaló: « En la última reunión refrendamos el nuevo compromiso del Pacto de los Alcaldes por una Europa más justa y climáticamente neutra, cuyo objetivo es alinear el Pacto de los Alcaldes con el Pacto Verde y convertirlo en un instrumento primordial para llevar a cabo una transición hacia la neutralidad en carbono. Todos tenemos que aunar fuerzas para aplicar el Pacto Verde a nivel local. Pedimos a la Comisión Europea que aporte apoyo financiero y no financiero para que los dirigentes locales y regionales hagan realidad el Pacto Verde sobre el terreno y promuevan la aceptación social de la transición climática. La ayuda financiera de la UE, incluidos los fondos de cohesión, debe llegar directamente a las ciudades y regiones de manera transparente y justa. No hay tiempo que perder ».

En el próximo pleno del CDR, que tendrá lugar en marzo, la asamblea de la UE de los entes locales y regionales debatirá con la comisaria europea de Energía Kadri Simson la oleada de renovación , el ingente plan de la UE para mejorar la eficiencia energética de los edificios europeos. En un proyecto de Dictamen elaborado por el ponente Enrico Rossi (IT/PSE) , miembro del Consejo Municipal de Signa (Florencia) y anterior presidente de la Región de Toscana (2010-2020), el CDR plantea un conjunto integral de medidas para reducir la huella de carbono de los edificios y, al mismo tiempo, crear empleo y combatir la pobreza energética.

El Grupo de Trabajo «El Pacto Verde se hace local» se puso en marcha el 15 de junio de 2020 y está integrado por trece miembros del Comité Europeo de las Regiones.

La versión final de la hoja de ruta para 2021 del Grupo de Trabajo «El Pacto Verde se hace local» estará disponible en breve en el portal web específico del CDR.

Más información:

Enmarcada en la prioridad «crear comunidades resilientes» del CDR, la iniciativa El Pacto Verde se hace local tiene por objeto situar a las ciudades y regiones en el centro del Pacto Verde Europeo y garantizar que tanto la estrategia de crecimiento sostenible de la UE como los planes de recuperación tras la COVID-19 se traduzcan en financiación directa para las ciudades y regiones y en proyectos tangibles para los distintos territorios. Con el fin de inspirar y acelerar la acción, «El Pacto Verde se hace local» incluye un mapa en línea con 200 mejores prácticas .

Con vistas a la COP26, el CDR está trabajando en un proyecto de Dictamen sobre el tema «Intensificar la ambición climática de Europa para 2030: camino a la COP26» . El ponente es Vincent Chauvet (FR/Renew Europe) , alcalde de Autun.

Por lo que se refiere a la movilidad, el CDR está trabajando en un proyecto de Dictamen sobre movilidad inteligente y sostenible cuyo ponente es Robert Van Asten (NL/Renew Europe) , concejal de La Haya.

En julio de 2020, el CDR aprobó sus recomendaciones sobre el Fondo de Transición Justa en un Dictamen elaborado por el ponente Vojko Obersnel (HR/PSE) , alcalde de Rijeka.

Derechos de Autor Unión Europea, 1995-2021

SOURCE Unión Europea – Comité de las Regiones

NUEVA YORK, 19 February 2021 /PRNewswire Policy/ — El subsecretario general adjunto de la ONU y director regional de América Latina y el Caribe, Luis Felipe López-Calva, analiza en este artículo* cómo la participación electoral está cambiando durante la pandemia de COVID-19.

En las últimas cuatro décadas, los países de la región de América Latina y el Caribe han logrado importantes avances en la consolidación de las instituciones democráticas. La democracia electoral, pilar esencial, aunque no único, de un Estado democrático, se dio por sentada en toda la región.

La llegada del COVID-19 ha planteado una nueva prueba a la fuerza de estos pilares democráticos. Cuatro instrumentos fundamentales de la participación ciudadana democrática son precisamente las elecciones, junto con la organización política libre y efectiva, la movilización social pacífica y la deliberación pública abierta y de alta calidad.

Todos ellos se han visto afectados en el contexto de una pandemia en la que las interacciones en persona suponen un riesgo para la salud pública.

Según el resumen del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA) sobre el impacto del COVID-19 en las elecciones, al menos 18 países de América Latina y el Caribe celebraron elecciones (nacionales o subnacionales) durante el COVID-19, incluidas las elecciones presidenciales en Bolivia, República Dominicana y, más recientemente, Ecuador

Medidas de seguridad

En algunos casos, estas elecciones tuvieron que posponerse (al menos una vez) y se tuvieron que introducir medidas especiales de seguridad. Si bien cada país adoptó su propio enfoque para celebrar elecciones seguras durante el COVID-19, las medidas típicas incluyeron el uso de mascarillas faciales, distanciamiento social, controles de temperatura, desinfección y uso único de lápices de votación.

Algunos países también aumentaron el número de colegios electorales, ampliaron el horario de votación, ofrecieron colegios electorales móviles o hicieron adaptaciones para la votación anticipada o la votación prioritaria para ciertos grupos en riesgo.

Sin embargo, en algunos países, las medidas sanitarias, como los requisitos de cuarentena para quienes dieron positivo por el virus o los que habían viajado recientemente, dieron como resultado la privación del derecho al voto de los votantes en cuarentena en los casos en que no se establecieron acuerdos especiales de votación.

De manera similar, en algunos países, las medidas sanitarias, como la prohibición del transporte público, dificultaron cada vez más el acceso a los colegios electorales para las personas que viven en zonas más remotas. Si bien el COVID-19 puede haber presentado nuevas barreras para votar (es decir, movilidad, seguridad, etc.), también puede haber aumentado el sentido de urgencia de la gente al votar (ya que los ciudadanos buscan líderes para resolver las crisis relacionadas con la pandemia). Además, en muchos países de América Latina, esto está tomando forma en un contexto preexistente de creciente polarización política.

Basándonos en la base de datos de participación electoral de IDEA (y en el Consejo Nacional Electoral de Ecuador para los resultados de su elección presidencial de la primera ronda del 7 de febrero) podemos ver cómo este nuevo contexto ha afectado el comportamiento electoral de la gente en la región hasta ahora.

Participación en las últimas 14 elecciones

Es importante observar la participación electoral en las 14 elecciones más recientes en comparación no solo con los promedios históricos (que pueden ayudar a establecer una línea de base útil), sino también en comparación con las elecciones anteriores (dado que, en algunos contextos, las tendencias más recientes pueden diferir de tendencias más antiguas).

Si comparamos las elecciones del COVID-19 con los promedios históricos, vemos que la participación electoral aumentó ligeramente en 7 elecciones (de las cuales 2 fueron un aumento de 1%) y disminuyó en 7 elecciones en la región. Sin embargo, si comparamos las elecciones del COVID-19 con solo las elecciones anteriores, vemos que la participación electoral aumentó en 3 elecciones (de las cuales 2 fueron un aumento de 1%) y disminuyó en 11 elecciones. Además, el tamaño de las disminuciones en la participación electoral tuvo tendencia a ser mucho mayor que los aumentos.

En comparación con los promedios históricos, el tamaño de los aumentos de la participación electoral varió de menos de 1 a 7 puntos porcentuales, y el tamaño de las disminuciones varió de 7 a 21 puntos porcentuales. El mayor aumento se registró en las elecciones de Bolivia (celebradas en octubre de 2020) y la mayor disminución se registró en las elecciones parlamentarias de Jamaica (celebradas en septiembre de 2020).

En comparación con la elección anterior, el tamaño de los aumentos en la participación de votantes varió de menos de 1 a 9 puntos porcentuales, y el tamaño de las disminuciones varió de menos de 1 por ciento a 14 puntos porcentuales. El mayor aumento se registró en las elecciones parlamentarias de Belice (celebradas en noviembre de 2020) y las mayores disminuciones se produjeron en las elecciones parlamentarias de St Kitts and Nevis (celebradas en junio de 2020) y las elecciones presidenciales de República Dominicana (celebradas en julio de 2020).

Preocupa la baja participación

Si bien estos datos pueden ayudar a aclarar lo que está sucediendo a nivel nacional en los países de la región, para comprender verdaderamente los efectos del COVID-19 en las elecciones, es esencial considerar también cómo ha cambiado el comportamiento de la votación más allá de las cifras agregadas. Incluso si la participación general de votantes aumento o disminuyó en un país, podría darse el caso de que ciertos grupos vieron tasas de participación sistemáticamente más bajas o más altas dentro de este contexto, aunque se necesitan más datos desagregados para analizar estos patrones.

Si bien, por supuesto, no podemos identificar qué está impulsando los cambios en la participación electoral en estos contextos (es decir, problemas relacionados con el COVID-19, cambios más amplios en la participación de los votantes, polarización creciente, etc.), la participación baja o decreciente es un signo preocupante de la salud democrática. Y tiene implicaciones potenciales para percepciones más amplias de la legitimidad electoral. Desafortunadamente, en muchos países de América Latina, la confianza en las elecciones ya era frágil antes de la llegada de la pandemia.

El Proyecto de Opinión Pública en América Latina pregunta a las personas hasta qué punto confían en las elecciones en su país en una escala de 1 (nada) a 7 (mucho). Según los resultados de 2018, más encuestados en la región declararon que no confiaban en las elecciones en su país (45% respondió 1-3) que confiaban en las elecciones (38% respondió 5-7), y solo el 10% en realidad indicó que tenía “mucha” confianza (respuesta 7). Sin embargo, como muestra la figura a continuación, esto varía mucho por país, con los niveles más bajos de confianza en Honduras y los niveles más altos en Uruguay.

Abordar los desafíos

Si bien la celebración de elecciones en el contexto del COVID-19 ciertamente presenta un desafío para los votantes, también presenta una decisión importante para ellos: quién estará a cargo de sacarlos de esta situación. A medida que los países adaptan sus sistemas de votación para garantizar la seguridad pública durante la pandemia, también podría ser una oportunidad para considerar cómo abordar desafíos más estructurales, como la inclusión, la transparencia y la rendición de cuentas en el proceso electoral.

En un artículo de opinión de septiembre de 2020, Kevin Casas Zamora, Secretario General de IDEA, señaló que hay cuatro lecciones clave que los países latinoamericanos deberían aprender de la realización de elecciones durante el COVID-19:

– La importancia del consenso político en torno a las decisiones sobre el calendario y los procedimientos electorales

– La necesidad de ofrecer una gama diversa de mecanismos de votación

– La necesidad de apoyar a las autoridades electorales con suficientes recursos financieros y humanos

– Que al final, las elecciones exitosas dependen en última instancia del control de la pandemia

El calendario electoral de 2021 está lleno en la región de América Latina y el Caribe, incluida la segunda ronda de elecciones presidenciales de Ecuador y las próximas elecciones presidenciales en Chile, Haití, Honduras, Perú y Nicaragua; junto con muchas elecciones esenciales locales, legislativas, para gobernador, de mitad de período, constitucionales y de otro tipo de elecciones en toda la región.

Solo el tiempo dirá si los países eligen prestar atención a estas lecciones para fortalecer sus procesos electorales en el futuro —aunque quizás ahora más que nunca estas lecciones sean de importancia máxima dada la necesidad de fortalecer la gobernanza y el liderazgo como base para combatir eficazmente las múltiples crisis que actualmente enfrenta la región. Solo una gobernanza efectiva es la salida.

SOURCE Centro de Noticias ONU

NUEVA YORK, 19 February 2021 /PRNewswire Policy/ — El subsecretario general adjunto de la ONU y director regional de América Latina y el Caribe, Luis Felipe López-Calva, analiza en este artículo* cómo la participación electoral está cambiando durante la pandemia de COVID-19.

En las últimas cuatro décadas, los países de la región de América Latina y el Caribe han logrado importantes avances en la consolidación de las instituciones democráticas. La democracia electoral, pilar esencial, aunque no único, de un Estado democrático, se dio por sentada en toda la región.

La llegada del COVID-19 ha planteado una nueva prueba a la fuerza de estos pilares democráticos. Cuatro instrumentos fundamentales de la participación ciudadana democrática son precisamente las elecciones, junto con la organización política libre y efectiva, la movilización social pacífica y la deliberación pública abierta y de alta calidad.

Todos ellos se han visto afectados en el contexto de una pandemia en la que las interacciones en persona suponen un riesgo para la salud pública.

Según el resumen del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA) sobre el impacto del COVID-19 en las elecciones, al menos 18 países de América Latina y el Caribe celebraron elecciones (nacionales o subnacionales) durante el COVID-19, incluidas las elecciones presidenciales en Bolivia, República Dominicana y, más recientemente, Ecuador

Medidas de seguridad

En algunos casos, estas elecciones tuvieron que posponerse (al menos una vez) y se tuvieron que introducir medidas especiales de seguridad. Si bien cada país adoptó su propio enfoque para celebrar elecciones seguras durante el COVID-19, las medidas típicas incluyeron el uso de mascarillas faciales, distanciamiento social, controles de temperatura, desinfección y uso único de lápices de votación.

Algunos países también aumentaron el número de colegios electorales, ampliaron el horario de votación, ofrecieron colegios electorales móviles o hicieron adaptaciones para la votación anticipada o la votación prioritaria para ciertos grupos en riesgo.

Sin embargo, en algunos países, las medidas sanitarias, como los requisitos de cuarentena para quienes dieron positivo por el virus o los que habían viajado recientemente, dieron como resultado la privación del derecho al voto de los votantes en cuarentena en los casos en que no se establecieron acuerdos especiales de votación.

De manera similar, en algunos países, las medidas sanitarias, como la prohibición del transporte público, dificultaron cada vez más el acceso a los colegios electorales para las personas que viven en zonas más remotas. Si bien el COVID-19 puede haber presentado nuevas barreras para votar (es decir, movilidad, seguridad, etc.), también puede haber aumentado el sentido de urgencia de la gente al votar (ya que los ciudadanos buscan líderes para resolver las crisis relacionadas con la pandemia). Además, en muchos países de América Latina, esto está tomando forma en un contexto preexistente de creciente polarización política.

Basándonos en la base de datos de participación electoral de IDEA (y en el Consejo Nacional Electoral de Ecuador para los resultados de su elección presidencial de la primera ronda del 7 de febrero) podemos ver cómo este nuevo contexto ha afectado el comportamiento electoral de la gente en la región hasta ahora.

Participación en las últimas 14 elecciones

Es importante observar la participación electoral en las 14 elecciones más recientes en comparación no solo con los promedios históricos (que pueden ayudar a establecer una línea de base útil), sino también en comparación con las elecciones anteriores (dado que, en algunos contextos, las tendencias más recientes pueden diferir de tendencias más antiguas).

Si comparamos las elecciones del COVID-19 con los promedios históricos, vemos que la participación electoral aumentó ligeramente en 7 elecciones (de las cuales 2 fueron un aumento de 1%) y disminuyó en 7 elecciones en la región. Sin embargo, si comparamos las elecciones del COVID-19 con solo las elecciones anteriores, vemos que la participación electoral aumentó en 3 elecciones (de las cuales 2 fueron un aumento de 1%) y disminuyó en 11 elecciones. Además, el tamaño de las disminuciones en la participación electoral tuvo tendencia a ser mucho mayor que los aumentos.

En comparación con los promedios históricos, el tamaño de los aumentos de la participación electoral varió de menos de 1 a 7 puntos porcentuales, y el tamaño de las disminuciones varió de 7 a 21 puntos porcentuales. El mayor aumento se registró en las elecciones de Bolivia (celebradas en octubre de 2020) y la mayor disminución se registró en las elecciones parlamentarias de Jamaica (celebradas en septiembre de 2020).

En comparación con la elección anterior, el tamaño de los aumentos en la participación de votantes varió de menos de 1 a 9 puntos porcentuales, y el tamaño de las disminuciones varió de menos de 1 por ciento a 14 puntos porcentuales. El mayor aumento se registró en las elecciones parlamentarias de Belice (celebradas en noviembre de 2020) y las mayores disminuciones se produjeron en las elecciones parlamentarias de St Kitts and Nevis (celebradas en junio de 2020) y las elecciones presidenciales de República Dominicana (celebradas en julio de 2020).

Preocupa la baja participación

Si bien estos datos pueden ayudar a aclarar lo que está sucediendo a nivel nacional en los países de la región, para comprender verdaderamente los efectos del COVID-19 en las elecciones, es esencial considerar también cómo ha cambiado el comportamiento de la votación más allá de las cifras agregadas. Incluso si la participación general de votantes aumento o disminuyó en un país, podría darse el caso de que ciertos grupos vieron tasas de participación sistemáticamente más bajas o más altas dentro de este contexto, aunque se necesitan más datos desagregados para analizar estos patrones.

Si bien, por supuesto, no podemos identificar qué está impulsando los cambios en la participación electoral en estos contextos (es decir, problemas relacionados con el COVID-19, cambios más amplios en la participación de los votantes, polarización creciente, etc.), la participación baja o decreciente es un signo preocupante de la salud democrática. Y tiene implicaciones potenciales para percepciones más amplias de la legitimidad electoral. Desafortunadamente, en muchos países de América Latina, la confianza en las elecciones ya era frágil antes de la llegada de la pandemia.

El Proyecto de Opinión Pública en América Latina pregunta a las personas hasta qué punto confían en las elecciones en su país en una escala de 1 (nada) a 7 (mucho). Según los resultados de 2018, más encuestados en la región declararon que no confiaban en las elecciones en su país (45% respondió 1-3) que confiaban en las elecciones (38% respondió 5-7), y solo el 10% en realidad indicó que tenía “mucha” confianza (respuesta 7). Sin embargo, como muestra la figura a continuación, esto varía mucho por país, con los niveles más bajos de confianza en Honduras y los niveles más altos en Uruguay.

Abordar los desafíos

Si bien la celebración de elecciones en el contexto del COVID-19 ciertamente presenta un desafío para los votantes, también presenta una decisión importante para ellos: quién estará a cargo de sacarlos de esta situación. A medida que los países adaptan sus sistemas de votación para garantizar la seguridad pública durante la pandemia, también podría ser una oportunidad para considerar cómo abordar desafíos más estructurales, como la inclusión, la transparencia y la rendición de cuentas en el proceso electoral.

En un artículo de opinión de septiembre de 2020, Kevin Casas Zamora, Secretario General de IDEA, señaló que hay cuatro lecciones clave que los países latinoamericanos deberían aprender de la realización de elecciones durante el COVID-19:

– La importancia del consenso político en torno a las decisiones sobre el calendario y los procedimientos electorales

– La necesidad de ofrecer una gama diversa de mecanismos de votación

– La necesidad de apoyar a las autoridades electorales con suficientes recursos financieros y humanos

– Que al final, las elecciones exitosas dependen en última instancia del control de la pandemia

El calendario electoral de 2021 está lleno en la región de América Latina y el Caribe, incluida la segunda ronda de elecciones presidenciales de Ecuador y las próximas elecciones presidenciales en Chile, Haití, Honduras, Perú y Nicaragua; junto con muchas elecciones esenciales locales, legislativas, para gobernador, de mitad de período, constitucionales y de otro tipo de elecciones en toda la región.

Solo el tiempo dirá si los países eligen prestar atención a estas lecciones para fortalecer sus procesos electorales en el futuro —aunque quizás ahora más que nunca estas lecciones sean de importancia máxima dada la necesidad de fortalecer la gobernanza y el liderazgo como base para combatir eficazmente las múltiples crisis que actualmente enfrenta la región. Solo una gobernanza efectiva es la salida.

SOURCE Centro de Noticias ONU

– El director de la junta directiva de Russian Railways Andrey Belousov citó las prioridades para el desarrollo de Russian Railways en 2021

MOSCÚ, 20 de febrero de 2021 /PRNewswire/ — El vice-primer ministro de la Federación Rusa y presidente de la junta directiva de Russian Railways Andrey Belousov resumió los resultados de 2020 y describió las propiedades de desarrollo para 2021 en la junta directiva anual.

«Russian Railways es de importancia existencial para la economía rusa. La contribución de la compañía al PIB de Rusia el año pasado fue del 5,5%. RZD emplea a 720.000 personas. Esto es en torno al 1% de las personas empleadas en la economía, así como casi un cuarto de los empleados de todo el sistema de transporte del país. El año pasado afrontó un reto único: la pandemia de coronavirus golpeó duro la industria ferroviaria, especialmente en cuanto al transporte de pasajeros», dijo.

Según Andrey Belousov, Russian Railways ha soportado esta prueba de fuerza con dignidad. A pesar de las dificultades que afrontó, la compañía alcanzó un resultado financiero positivo y colocó con éxito bonos perpetuos, que hizo posible implementar un programa de inversión por cantidad de 717.000 millones de rublos.  

El presidente de la junta directiva señaló los méritos de las divisiones de producción, pasajeros, logística  economía, inversión y construcción de la compañía.

«Quiero agradecer a todo el equipo el trabajo que realizaron, sin exageración, en modo de emergencia. Durante esta difícil etapa, actuasteis con eficiencia y progresivamente. Pudisteis asegurar nuestra operación ininterrumpida y mantener la calidad de los servicios de transporte», dijo.

En cuanto a las tareas de la compañía en 2021, Belousov señaló que, en primer lugar, es necesario garantizar la operación ininterrumpida del complejo de pasajeros en viaje suburbano y de larga distancia bajo condiciones de recuperación de la demanda. Según él, el tráfico en los suburbios aumentará un 12% este año en comparación con el nivel de 2019.  

«Los organizadores del transporte suburbano  —Russian Railways, regiones y compañías suburbanas— deben trabajar de un modo unificado. La financiación para los compromisos debe cubrirse a tiempo y por completo. Al mismo tiempo, las rutas indiscutibles y rutas de difícil acceso no deberían reducirse. Los beneficios de los ciudadanos a los que tienen derecho deberían permanecer», dijo Belousov.

También dijo que cumplir incondicionalmente todos los planes de inversión es otra tarea clave. El volumen del programa de inversión de Russian Railways para 2021–2023 supera los 3 billones de rublos, de los cuales 731.600 millones son para el año actual. Debería prestarse especial atención a desarrollar el BAM y Tran-Siberian, adquiriendo nuevo material rodado y aumentando la revisión de la vía.

Además, para aumentar la transparencia del transporte aéreo, es necesario implementar un mecanismo para concluir contratos sobre el principio de «coger o pagar» con nuestros propios transportistas. En primer lugar, es necesario trabajar en el transporte del carbón. Belousov pidió que esta tarea sea la más precisa por ahora, dada la importancia social de esta carga.

Señaló la importancia de observar las obligaciones sociales para nuestros empleados el próximo año.  

«Teniendo en cuenta la complejidad del año pasado y las cargas de trabajo experimentadas por nuestros empleados, la compañía necesita asegurar el estricto cumplimiento de sus obligaciones sociales», dijo Belousov.

Recordó que estas obligaciones son sagradas en el acuerdo colectivo de Russian Railways. Aproximadamente se asignaron 100.000 millones de rublos para ello el año pasado.