Serán entrevistados en el programa inaugural hoy lunes, junto a José Luis Rodríguez «El Puma». La semana inaugural tendrá otras presencias de peso: Natalia Jiménez, Luis Chataing, Lucía Méndez, Antonia López, Maritza Fuentes y Alexis y Fido, entre otros.

MIAMI, 20 de julio de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ — Gloria y Emilio Estefan apadrinarán «Cala», el nuevo show de televisión de Ismael Cala, que se estrena este lunes 20 de julio por la cadena MegaTV, con alcance a todo Estados Unidos.

«Apoyamos a Ismael porque es una persona que lleva luz y positividad al mundo, cosas que hacen tanta falta actualmente», sostuvo Emilio Estefan, quien, a nombre suyo y el de Gloria, añadió: «Lo queremos mucho y le deseamos lo mejor en el nuevo programa».

Cala, por su parte, agradeció «el honor y la bendición» de contar con el respaldo de esa maravillosa pareja del mundo del espectáculo. «Cuento con la amistad de Emilio y Gloria desde hace muchos años y han sido una ayuda imprescindible en momentos claves de mi carrera», acotó.

El show será de variedades, entretenido e informativo, con comentarios, humor, temas serios y, por supuesto, las famosas entrevistas de Ismael. Hoy lunes, por ejemplo, conversará, entre otros, con Gloria y Emilio, y con José Luis Rodríguez «El Puma».

En el resto de la semana inaugural habrá otras presencias de peso, como las de la cantante Natalia Jiménez, el animador Luis Chataing, la actriz Lucía Méndez, la sexóloga Antonia López, la Doctora Maritza Fuentes, y el dúo reguetonero Alexis y Fido.

Ismael dijo que el programa es posible gracias a la confianza de Raúl Alarcón, propietario de MegaTV; Alberto Rodríguez, máximo ejecutivo de la cadena; José Pérez, vicepresidente de Programación; y Amer Mercado, productor ejecutivo del flamante ciclo.

«El programa posee un innovador formato que captura la magia y gran madurez periodística» de Ismael, sostuvo Pérez. Mercado, por su lado, expresó que el espacio mostrará a un Cala «ameno y divertido, que tratará de llevar un aire de esperanza a los hogares».

Ismael Cala es un estratega de vida y de negocios. Durante cinco años y medio presentó «Cala», en CNN en Español. Empresario y emprendedor social. Autor de ocho bestsellers en temas de liderazgo, emprendimiento y desarrollo personal, incluyendo «El poder de escuchar» y «Despierta con Cala».

Nació en Santiago de Cuba (1969) y es licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Oriente. Es coautor del libro «Beat the curve», junto a Brian Tracy. Se graduó en la Escuela de Comunicación de la Universidad de York en Toronto y ostenta un diploma de Seneca College en Producción de Televisión. Es presidente y fundador de Cala Enterprises Corporation y de la Fundación Ismael Cala.

MegaTV, propiedad de Spanish Broadcasting System (SBS), Inc., es una operación de televisión con distribución en señal abierta, cable y satélite, y afiliadas en los Estados Unidos y Puerto Rico. SBS también es dueña de 17 estaciones de radio situadas en los principales mercados hispanos estadounidenses.

CALA se transmitirá de lunes a viernes en los siguientes horarios:

Miami: 10:00 pm
US Nacional: 10:00 pm ET / 9:00 pm CT/ 7:00 pm PT

FUENTE Cala Enterprises

Serán entrevistados en el programa inaugural hoy lunes, junto a José Luis Rodríguez «El Puma». La semana inaugural tendrá otras presencias de peso: Natalia Jiménez, Luis Chataing, Lucía Méndez, Antonia López, Maritza Fuentes y Alexis y Fido, entre otros.

MIAMI, 20 de julio de 2020 /PRNewswire/ — Gloria y Emilio Estefan apadrinarán «Cala», el nuevo show de televisión de Ismael Cala, que se estrena este lunes 20 de julio por la cadena MegaTV, con alcance a todo Estados Unidos.

«Apoyamos a Ismael porque es una persona que lleva luz y positividad al mundo, cosas que hacen tanta falta actualmente», sostuvo Emilio Estefan, quien, a nombre suyo y el de Gloria, añadió: «Lo queremos mucho y le deseamos lo mejor en el nuevo programa».

Cala, por su parte, agradeció «el honor y la bendición» de contar con el respaldo de esa maravillosa pareja del mundo del espectáculo. «Cuento con la amistad de Emilio y Gloria desde hace muchos años y han sido una ayuda imprescindible en momentos claves de mi carrera», acotó.

El show será de variedades, entretenido e informativo, con comentarios, humor, temas serios y, por supuesto, las famosas entrevistas de Ismael. Hoy lunes, por ejemplo, conversará, entre otros, con Gloria y Emilio, y con José Luis Rodríguez «El Puma».

En el resto de la semana inaugural habrá otras presencias de peso, como las de la cantante Natalia Jiménez, el animador Luis Chataing, la actriz Lucía Méndez, la sexóloga Antonia López, la Doctora Maritza Fuentes, y el dúo reguetonero Alexis y Fido.

Ismael dijo que el programa es posible gracias a la confianza de Raúl Alarcón, propietario de MegaTV; Alberto Rodríguez, máximo ejecutivo de la cadena; José Pérez, vicepresidente de Programación; y Amer Mercado, productor ejecutivo del flamante ciclo.

«El programa posee un innovador formato que captura la magia y gran madurez periodística» de Ismael, sostuvo Pérez. Mercado, por su lado, expresó que el espacio mostrará a un Cala «ameno y divertido, que tratará de llevar un aire de esperanza a los hogares».

Ismael Cala es un estratega de vida y de negocios. Durante cinco años y medio presentó «Cala», en CNN en Español. Empresario y emprendedor social. Autor de ocho bestsellers en temas de liderazgo, emprendimiento y desarrollo personal, incluyendo «El poder de escuchar» y «Despierta con Cala».

Nació en Santiago de Cuba (1969) y es licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Oriente. Es coautor del libro «Beat the curve», junto a Brian Tracy. Se graduó en la Escuela de Comunicación de la Universidad de York en Toronto y ostenta un diploma de Seneca College en Producción de Televisión. Es presidente y fundador de Cala Enterprises Corporation y de la Fundación Ismael Cala.

MegaTV, propiedad de Spanish Broadcasting System (SBS), Inc., es una operación de televisión con distribución en señal abierta, cable y satélite, y afiliadas en los Estados Unidos y Puerto Rico. SBS también es dueña de 17 estaciones de radio situadas en los principales mercados hispanos estadounidenses.

CALA se transmitirá de lunes a viernes en los siguientes horarios:

Miami: 10:00 pm
US Nacional: 10:00 pm ET / 9:00 pm CT/ 7:00 pm PT

FUENTE Cala Enterprises

NUEVA YORK, 16 July 2020 /PRNewswire Policy/ — Unos 142 millones de personas, casi una cuarta parte de la población de la región de América Latina, están ahora mismo en riesgo de contraer el COVID-19, informó el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

El número se basa en los datos de Iniciativa de Pobreza y Desarrollo Humano de Oxford que ha propuesto tres indicadores para capturar el riesgo de contagio en la región: la falta de acceso al agua potable, el uso de combustibles nocivos dentro de los hogares, y la desnutrición.

Actualmente América Latina tiene más de tres millones y medio de casos, siendo Brasil con el mayor número de contagios, seguido por Perú, Chile y México. Brasil ahora es el segundo país del mundo con mayor cantidad de muertes con más de 75.000, mientras que México el cuarto lugar, con más de 36.000.

Una encuesta realizada por el PNUD a un millar de personas en Argentina y los informes de otras 15 oficinas del Programa en diferentes países de la región demuestran que los latinoamericanos además del miedo al contagio están muy preocupados por las consecuencias de las medidas de confinamiento.

Las principales preocupaciones de los latinoamericanos

Ingresos:

12 de 16 países nombraron la caída de los ingresos entre las principales preocupaciones; 10 nombraron la caída de los ingresos como su principal preocupación

Salud:

Ocho de los 16 países mencionaron los problemas relacionados con la salud, como el acceso a medicamentos y servicios de salud, entre las principales preocupaciones

Violencia doméstica:

Seis de los 16 países mencionaron la violencia doméstica entre las principales preocupaciones, impulsada por los altos niveles de abuso de alcohol y drogas en las zonas pobres

Suministros de alimentos:

Cinco países mencionaron el acceso a los alimentos entre las principales preocupaciones

Discriminación:

Cinco países mencionaron la discriminación o exclusión de minorías, migrantes o miembros de la comunidad LGBTIQ como una de las principales preocupaciones

Hacinamiento:

Cinco países nombrados mencionaron el hacinamiento entre las principales preocupaciones

Educación:

El informe en profundidad para Argentina descubrió que el acceso limitado a la educación en línea y el fracaso del gobierno para proporcionar folletos impresos a todos los niños habían interrumpido gravemente el aprendizaje, lo que probablemente aumentó el riesgo de que los estudiantes abandonen la escuela para siempre

Una amenaza contra los avances de la pobreza y el desarrollo en todas sus dimensiones

El Programa advirtió este jueves que, aunque datos recogidos entre 2000 y 2019 muestra que muchos países han logrado reducir de manera significativa sus niveles de pobreza multidimensional, la pandemia amenaza con retroceder más de una década de avances.

El Índice de Pobreza Multidimensional, que también se realiza en conjunto con la Iniciativa de Oxford, es un instrumento de medición que analiza otros indicadores además de los ingresos e incluye aspectos como el acceso al agua potable, la educación, la electricidad, los alimentos y otros seis indicadores más.

Sierra Leona presentó el progreso más rápido en la reducción del valor global de su índice. Este es uno de los siete países subsaharianos que más rápido están avanzando, junto con Côte D’Ivoire, Guinea, Liberia, Mauritania, Rwanda, y Santo Tomé y Príncipe.

India es el país en el que más personas salieron de la pobreza multidimensional, unos 270 millones entre 2005-2006 y 2015/-016. En China, 70 millones de personas dejaron la pobreza multidimensional entre 2010 y 2014. Y en Bangladesh, fueron 19 millones entre 2014 y 2019.

“La COVID-19 está teniendo profundas consecuencias en el panorama del desarrollo. Pero estos datos, de antes de la pandemia, son un mensaje de esperanza. Las historias de éxito anteriores sobre la forma de abordar las múltiples formas en que las personas experimentan la pobreza en sus vidas cotidianas pueden enseñarnos a reconstruir mejor y a mejorar las vidas de millones”, dice Sabina Alkire, directora de la iniciativa en la Universidad de Oxford.

Los modelos post pandemia a nivel mundial

Aunque todavía no hay datos disponibles sobre el aumento de la pobreza multidimensional a nivel mundial tras la pandemia, simulaciones realizadas para 70 países en desarrollo a partir de los efectos anticipados del virus en dos indicadores de la pobreza multidimensional —la nutrición y asistencia escolar—, ofrecen una idea de cuál podría ser el impacto de la crisis si no se toman las medidas adecuadas.

En tres escenarios de deterioro variable en los que el 10, 25 y 50% de las personas en pobreza multidimensional o vulnerables entran en situación de desnutrición, y la mitad de los niños en edad de educación primaria dejan de asistir a la escuela, los niveles de pobreza podrían volver a los de hace 8-10 años. Incluso si se examina solo el impacto sobre la nutrición, de no poner freno o revertir rápidamente al aumento previsto en la desnutrición, se podría retroceder a niveles de hace 3-6 años.

“La COVID-19 es la crisis mundial más reciente, y el cambio climático prácticamente nos asegura que pronto llegarán otras. Cada una de ellas va a afectar a las personas pobres de múltiples maneras. Ahora más que nunca es necesario trabajar para combatir la pobreza —y la vulnerabilidad ante esta— en todas sus formas. Por eso es tan importante el Índice de Pobreza Multidimensional”, explica Pedro Conçeicão, director de la oficina de desarrollo humano del PNUD.

De los 100 millones de personas que todavía viven en situación de pobreza multidimensional, más del 80 % sufren privaciones en, al menos, cinco de los 10 indicadores utilizados para medir la salud, la educación y la calidad de vida.

Los datos muestran también que la carga de la pobreza multidimensional recae de manera desproporcionada sobre los niños. La mitad de los 1300 millones de personas pobres todavía no han alcanzado los 18 años. Por otro lado, 107 millones tienen 60 o más años.

“El índice, con su información tanto sobre el nivel como la composición de la pobreza, nos proporciona los datos necesarios para identificar dónde y cómo se manifiesta. Sin esa ayuda, los responsables de tomar decisiones actúan con los ojos vendados, incapaces de saber cómo, o dónde, emplear los recursos y las intervenciones”, añade Alkire.

Por ejemplo, en África Subsahariana, el 55 % de la población (558 millones de personas) se encuentra en situación de pobreza multidimensional. De estas, el 98 % (547 millones) no tienen acceso a combustible de cocina limpio, el 84 % (470 millones) carece de electricidad, y el 66 % (366 millones) no tiene acceso a agua potable.

Para abordar cada uno de estos retos es preciso un nuevo enfoque, ya que muchos de ellos requieren ir más allá de la mejora de ingresos. Esto resulta especialmente evidente a la luz del trabajo que desempeña el PNUD para alentar, a las sociedades en todo el mundo, a repensar las vías de desarrollo y “reconstruir mejor” tras la COVID-19.

Las medidas que necesita América Latina

América Latina está luchando por contener las crecientes infecciones por COVID-19 mientras enfrenta una recesión casi cierta y los impactos relacionados, pero las políticas que priorizan a las personas pobres y vulnerables pueden ayudar a mitigar la pobreza y la desigualdad ya extremas de la región, asegura otro estudio del PNUD.

Antes de la pandemia, el Fondo Monetario Internacional proyectó solo un 1,6% de crecimiento económico para la región en 2020, con recesiones en varios países. En abril, proyectó una contracción del 5,2%, con casi todos los países en recesión. Las naciones caribeñas dependientes del turismo podrían ver una caída del PIB entre el 5 y el 10%, empeorando la pobreza crónica, la desigualdad y la inseguridad de la región.

La acción es urgente en múltiples áreas relacionadas explica el programa: el frente epidemiológico, sanitario y de saneamiento; el frente económico mercados laborales; y protección social.

En el estado actual de emergencia, los gobiernos deben priorizar campañas transparentes de información pública, planificar estrategias que involucren a grupos marginados en áreas urbanas y comunidades indígenas, garantizar el acceso a agua limpia, jabón, alimentos, ingresos y otros artículos esenciales, garantizar la conectividad a internet, usar espacios diferentes a los hospitales para aislar a los pacientes con COVID-19, y diseñar estrategias para mover pacientes de manera segura entre las instalaciones médicas.

Más adelante, los gobiernos deberían proporcionar pruebas gratuitas de COVID-19 a los grupos más pobres y vulnerables, seguir abriendo nuevos centros de aislamiento, garantizar el acceso al agua potable, garantizar que los grupos marginados posean dispositivos que les permitan rastrear, ampliar la inclusión financiera digital, proteger los medios de vida y proporcionar transferencias monetarias a los pobres.

También deben diseñar programas de empleo temporal, distribución directa de alimentos seguros, implementar recortes de impuestos o aplazamientos, evitar recortes de servicios básicos como agua, electricidad y wifi, mitigar la violencia doméstica, mantener la educación y garantizar el acceso a la salud y la medicación más allá COVID-19, recalca el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

SOURCE Centro de Noticias ONU

NUEVA YORK, 16 July 2020 /PRNewswire Policy/ — Unos 142 millones de personas, casi una cuarta parte de la población de la región de América Latina, están ahora mismo en riesgo de contraer el COVID-19, informó el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

El número se basa en los datos de Iniciativa de Pobreza y Desarrollo Humano de Oxford que ha propuesto tres indicadores para capturar el riesgo de contagio en la región: la falta de acceso al agua potable, el uso de combustibles nocivos dentro de los hogares, y la desnutrición.

Actualmente América Latina tiene más de tres millones y medio de casos, siendo Brasil con el mayor número de contagios, seguido por Perú, Chile y México. Brasil ahora es el segundo país del mundo con mayor cantidad de muertes con más de 75.000, mientras que México el cuarto lugar, con más de 36.000.

Una encuesta realizada por el PNUD a un millar de personas en Argentina y los informes de otras 15 oficinas del Programa en diferentes países de la región demuestran que los latinoamericanos además del miedo al contagio están muy preocupados por las consecuencias de las medidas de confinamiento.

Las principales preocupaciones de los latinoamericanos

Ingresos:

12 de 16 países nombraron la caída de los ingresos entre las principales preocupaciones; 10 nombraron la caída de los ingresos como su principal preocupación

Salud:

Ocho de los 16 países mencionaron los problemas relacionados con la salud, como el acceso a medicamentos y servicios de salud, entre las principales preocupaciones

Violencia doméstica:

Seis de los 16 países mencionaron la violencia doméstica entre las principales preocupaciones, impulsada por los altos niveles de abuso de alcohol y drogas en las zonas pobres

Suministros de alimentos:

Cinco países mencionaron el acceso a los alimentos entre las principales preocupaciones

Discriminación:

Cinco países mencionaron la discriminación o exclusión de minorías, migrantes o miembros de la comunidad LGBTIQ como una de las principales preocupaciones

Hacinamiento:

Cinco países nombrados mencionaron el hacinamiento entre las principales preocupaciones

Educación:

El informe en profundidad para Argentina descubrió que el acceso limitado a la educación en línea y el fracaso del gobierno para proporcionar folletos impresos a todos los niños habían interrumpido gravemente el aprendizaje, lo que probablemente aumentó el riesgo de que los estudiantes abandonen la escuela para siempre

Una amenaza contra los avances de la pobreza y el desarrollo en todas sus dimensiones

El Programa advirtió este jueves que, aunque datos recogidos entre 2000 y 2019 muestra que muchos países han logrado reducir de manera significativa sus niveles de pobreza multidimensional, la pandemia amenaza con retroceder más de una década de avances.

El Índice de Pobreza Multidimensional, que también se realiza en conjunto con la Iniciativa de Oxford, es un instrumento de medición que analiza otros indicadores además de los ingresos e incluye aspectos como el acceso al agua potable, la educación, la electricidad, los alimentos y otros seis indicadores más.

Sierra Leona presentó el progreso más rápido en la reducción del valor global de su índice. Este es uno de los siete países subsaharianos que más rápido están avanzando, junto con Côte D’Ivoire, Guinea, Liberia, Mauritania, Rwanda, y Santo Tomé y Príncipe.

India es el país en el que más personas salieron de la pobreza multidimensional, unos 270 millones entre 2005-2006 y 2015/-016. En China, 70 millones de personas dejaron la pobreza multidimensional entre 2010 y 2014. Y en Bangladesh, fueron 19 millones entre 2014 y 2019.

“La COVID-19 está teniendo profundas consecuencias en el panorama del desarrollo. Pero estos datos, de antes de la pandemia, son un mensaje de esperanza. Las historias de éxito anteriores sobre la forma de abordar las múltiples formas en que las personas experimentan la pobreza en sus vidas cotidianas pueden enseñarnos a reconstruir mejor y a mejorar las vidas de millones”, dice Sabina Alkire, directora de la iniciativa en la Universidad de Oxford.

Los modelos post pandemia a nivel mundial

Aunque todavía no hay datos disponibles sobre el aumento de la pobreza multidimensional a nivel mundial tras la pandemia, simulaciones realizadas para 70 países en desarrollo a partir de los efectos anticipados del virus en dos indicadores de la pobreza multidimensional —la nutrición y asistencia escolar—, ofrecen una idea de cuál podría ser el impacto de la crisis si no se toman las medidas adecuadas.

En tres escenarios de deterioro variable en los que el 10, 25 y 50% de las personas en pobreza multidimensional o vulnerables entran en situación de desnutrición, y la mitad de los niños en edad de educación primaria dejan de asistir a la escuela, los niveles de pobreza podrían volver a los de hace 8-10 años. Incluso si se examina solo el impacto sobre la nutrición, de no poner freno o revertir rápidamente al aumento previsto en la desnutrición, se podría retroceder a niveles de hace 3-6 años.

“La COVID-19 es la crisis mundial más reciente, y el cambio climático prácticamente nos asegura que pronto llegarán otras. Cada una de ellas va a afectar a las personas pobres de múltiples maneras. Ahora más que nunca es necesario trabajar para combatir la pobreza —y la vulnerabilidad ante esta— en todas sus formas. Por eso es tan importante el Índice de Pobreza Multidimensional”, explica Pedro Conçeicão, director de la oficina de desarrollo humano del PNUD.

De los 100 millones de personas que todavía viven en situación de pobreza multidimensional, más del 80 % sufren privaciones en, al menos, cinco de los 10 indicadores utilizados para medir la salud, la educación y la calidad de vida.

Los datos muestran también que la carga de la pobreza multidimensional recae de manera desproporcionada sobre los niños. La mitad de los 1300 millones de personas pobres todavía no han alcanzado los 18 años. Por otro lado, 107 millones tienen 60 o más años.

“El índice, con su información tanto sobre el nivel como la composición de la pobreza, nos proporciona los datos necesarios para identificar dónde y cómo se manifiesta. Sin esa ayuda, los responsables de tomar decisiones actúan con los ojos vendados, incapaces de saber cómo, o dónde, emplear los recursos y las intervenciones”, añade Alkire.

Por ejemplo, en África Subsahariana, el 55 % de la población (558 millones de personas) se encuentra en situación de pobreza multidimensional. De estas, el 98 % (547 millones) no tienen acceso a combustible de cocina limpio, el 84 % (470 millones) carece de electricidad, y el 66 % (366 millones) no tiene acceso a agua potable.

Para abordar cada uno de estos retos es preciso un nuevo enfoque, ya que muchos de ellos requieren ir más allá de la mejora de ingresos. Esto resulta especialmente evidente a la luz del trabajo que desempeña el PNUD para alentar, a las sociedades en todo el mundo, a repensar las vías de desarrollo y “reconstruir mejor” tras la COVID-19.

Las medidas que necesita América Latina

América Latina está luchando por contener las crecientes infecciones por COVID-19 mientras enfrenta una recesión casi cierta y los impactos relacionados, pero las políticas que priorizan a las personas pobres y vulnerables pueden ayudar a mitigar la pobreza y la desigualdad ya extremas de la región, asegura otro estudio del PNUD.

Antes de la pandemia, el Fondo Monetario Internacional proyectó solo un 1,6% de crecimiento económico para la región en 2020, con recesiones en varios países. En abril, proyectó una contracción del 5,2%, con casi todos los países en recesión. Las naciones caribeñas dependientes del turismo podrían ver una caída del PIB entre el 5 y el 10%, empeorando la pobreza crónica, la desigualdad y la inseguridad de la región.

La acción es urgente en múltiples áreas relacionadas explica el programa: el frente epidemiológico, sanitario y de saneamiento; el frente económico mercados laborales; y protección social.

En el estado actual de emergencia, los gobiernos deben priorizar campañas transparentes de información pública, planificar estrategias que involucren a grupos marginados en áreas urbanas y comunidades indígenas, garantizar el acceso a agua limpia, jabón, alimentos, ingresos y otros artículos esenciales, garantizar la conectividad a internet, usar espacios diferentes a los hospitales para aislar a los pacientes con COVID-19, y diseñar estrategias para mover pacientes de manera segura entre las instalaciones médicas.

Más adelante, los gobiernos deberían proporcionar pruebas gratuitas de COVID-19 a los grupos más pobres y vulnerables, seguir abriendo nuevos centros de aislamiento, garantizar el acceso al agua potable, garantizar que los grupos marginados posean dispositivos que les permitan rastrear, ampliar la inclusión financiera digital, proteger los medios de vida y proporcionar transferencias monetarias a los pobres.

También deben diseñar programas de empleo temporal, distribución directa de alimentos seguros, implementar recortes de impuestos o aplazamientos, evitar recortes de servicios básicos como agua, electricidad y wifi, mitigar la violencia doméstica, mantener la educación y garantizar el acceso a la salud y la medicación más allá COVID-19, recalca el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

SOURCE Centro de Noticias ONU

NUEVA YORK, 15 July 2020 /PRNewswire Policy/ — La explotación laboral y la violencia que sufren los niños y las comunidades indígenas que trabajan en las minas de oro en Venezuela junto con el socavamiento de la independencia del sistema judicial en el país son las dos principales conclusiones de un informe dado a conocer este miércoles por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

El informe de Michelle Bachelet, que se presenta a los 47 estados miembros del Consejo de Derechos Humanos, describe cómo los grupos criminales, conocidos localmente como «sindicatos», ejercen el control sobre una gran cantidad de operaciones mineras en el Arco Minero del Orinoco.

Los grupos criminales mantienen su presencia y actividades ilegales en las minas a través de un sistema de corrupción y soborno que incluye pagar a los comandantes militares.

«Deciden quién entra o sale de las zonas mineras, imponen reglas, aplican castigos físicos crueles a quienes infringen dichas reglas y sacan beneficios económicos de todas las actividades en las zonas mineras, incluso recurriendo a prácticas de extorsión a cambio de protección», dice el informe.

El documento detalla cómo los grupos mantienen su presencia y actividades ilegales en las minas a través de un sistema de corrupción y soborno que incluye pagar a los comandantes militares.

Debido a la crisis económica y la falta de oportunidades laborales en Venezuela, la migración interna hacia la región minera ha aumentado dramáticamente en los últimos años, con trabajadores que se dedican a la mano de obra informal para llegar a fin de mes para ellos y sus familias.

Los mineros trabajan turnos de 12 horas, descendiendo en pozos profundos sin ninguna protección. Se les exige que paguen alrededor del 10 o el 20% de lo que obtienen a los grupos criminales que controlan las minas, y de un 15 a un 30% adicional al propietario del molino donde se trituran las rocas para extraer oro y otros minerales.

Las mujeres también están involucradas tanto en la minería como en otros trabajos relacionados. Varias personas entrevistadas para el informe sugieren que desde 2016 ha habido un fuerte aumento de la prostitución, la explotación sexual y el tráfico en las áreas mineras, incluso de adolescentes.

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU también recibió informes de que niños de tan solo nueve años trabajan en las minas.

Palizas, disparos, amputaciones y asesinatos

Los entrevistados informaron que castigos severos se infligen a aquellos que no cumplen con las reglas impuestas por los grupos criminales: además de palizas severas, tales castigos incluyen recibir un disparo en las manos, o tener una mano cortada, así como asesinatos.

Los relatos de testigos describen cómo los cuerpos de los mineros a menudo son arrojados a antiguos pozos mineros. La violencia también proviene de disputas sobre el control de las minas.

Sobre la base de un análisis de fuentes abiertas, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU identificó 16 de este tipo de disputas en los últimos cuatro años que supuestamente causaron unas 149 muertes. Presuntamente, las fuerzas de seguridad estuvieron involucradas en algunos de estos incidentes.

«A pesar de la considerable presencia de fuerzas militares y de seguridad en la región, y los esfuerzos realizados para abordar la actividad criminal, las autoridades no han podido investigar y llevar a juicio las violaciones de los derechos humanos, los abusos y los delitos relacionados con la minería», dijo Bachelet.

Tomar medidas e investigar

La Alta Comisionada agregó: “Las autoridades deberían de tomar medidas inmediatas para terminar con la explotación laboral y sexual, el trabajo infantil y la trata de personas, y deberían desmantelar los grupos criminales que controlan las actividades mineras. También deberían investigar, enjuiciar y castigar a los responsables de crímenes y violaciones de derechos humanos”.

Las condiciones de vida en las zonas mineras son pésimas, sin agua corriente, electricidad ni saneamiento. Los pozos de agua estancada y contaminada como resultado de la minería, son lugar de cultivo para los mosquitos, provocando un aumento de los casos de malaria en la región, que afecta no solo a los trabajadores migrantes sino también a las comunidades indígenas.

Ambos grupos también se ven gravemente afectados por el envenenamiento por mercurio. El mercurio se usa ampliamente en la región para separar el oro de otros minerales, y los trabajadores y las personas que viven en la zona respiran los gases tóxicos creados durante el proceso. También se vierte en el suelo y se filtra en los ríos.

La minería ilegal afecta el disfrute de los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas, debido a la destrucción de su hábitat y la falta de control sobre sus territorios tradicionales y recursos naturales.

La independencia judicial está socavada

El informe de la Oficina de la Alta Comisionada también examina cuestiones sobre la Justicia en general en Venezuela y describe cómo “la independencia del sistema de justicia se ha visto socavado considerablemente por la inseguridad en la tenencia de jueces y fiscales; la falta de transparencia en el proceso de su designación; las condiciones de trabajo precarias; y la interferencia política”.

Las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia en relación con la Asamblea Nacional controlada por la oposición han dado lugar constantemente a preocupaciones sobre las consideraciones políticas que prevalecen sobre las determinaciones legales.

Esta situación ha afectado gravemente la capacidad del poder judicial de actuar de forma independiente para proteger los derechos humanos, y está contribuyendo a la impunidad.

A pesar de los recientes esfuerzos realizados por el Ministerio Público de investigar las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad, la falta de determinación de responsabilidad es especialmente significativa en casos de asesinatos en el contexto de protestas y durante operaciones de seguridad, así como en denuncias de tortura y malos tratos y violencia de género.

Barreras para acceder a la Justicia

Las víctimas de violaciones de derechos humanos y abusos continúan enfrentando barreras legales, políticas y socioeconómicas persistentes para acceder a la justicia, y las mujeres enfrentan desafíos específicos de género.

Hago un llamado al Gobierno venezolano a que emprenda y complete las reformas anunciadas al sistema de justicia para garantizar su independencia e imparcialidad, detener el uso de la justicia militar para juzgar a los civiles.

«Hago un llamado al Gobierno venezolano a que emprenda y complete las reformas anunciadas al sistema de justicia para garantizar su independencia e imparcialidad, detener el uso de la justicia militar para juzgar a los civiles y cumplir con su obligación de investigar cualquier denuncia de tortura y malos tratos «, dijo Bachelet.

«También instó a que se detengan de inmediato todos los actos de intimidación, amenazas y represalias de los miembros de las fuerzas de seguridad contra familiares de víctimas de violaciones de derechos humanos que buscan justicia», agregó.

Bachelet indicó que «las víctimas y sus familiares tienen el derecho de saber la verdad y obtener justicia y reparaciones, y no ser acosadas y revictimizadas por aquellos cuyo trabajo debería ser protegerlos».

Violaciones de los derechos económicos y sociales

El informe también examina las violaciones de los derechos económicos y sociales y destaca que “los principales recursos jurídicos han sido ineficaces para las víctimas”.

Las víctimas y los abogados entrevistados plantearon su inquietud a la Oficina de la Alta Comisionada sobre el manejo de los recursos de amparo por los tribunales, debido a que se presentan considerables demoras que afectan su efectividad, particularmente en casos de demandas de medidas cautelares para evitar daños irreparables.

El informe recoge casos en los que a los tribunales les llevó más de un año responder sobre la admisibilidad de las solicitudes de amparo para poder adquirir urgentemente medicamentos antirretrovirales.

Pese a haber transcurrido un tiempo considerable, los tribunales no habrían tomado ninguna medida o decisión sobre la admisibilidad o los méritos de la acción, incluyendo aquellas que buscan proteger intereses colectivos.

En otros casos, las personas demandantes recibieron decisiones contradictorias en las que, en la práctica, les negaban el acceso a la justicia dado que los tribunales declaraban sus acciones de amparo inadmisibles bajo el argumento de que era necesario agotar previamente la vía administrativa, mientras que las instancias administrativas rechazaban las acciones, indicando que eran los tribunales de amparo las que tenían competencias para resolver esos casos.

El informe también denuncia que “la falta de transparencia y acceso a la información sobre los indicadores sociales y económicos y la asignación de fondos públicos es un obstáculo muy importante para realizar un análisis exhaustivo del nivel de cumplimiento por parte del Gobierno de sus obligaciones internacionales en relación con los derechos económicos y sociales. En algunas circunstancias particulares, también puede constituir un obstáculo para la justiciabilidad de estos derechos”.

SOURCE Centro de Noticias ONU

NUEVA YORK, 15 July 2020 /PRNewswire Policy/ — La explotación laboral y la violencia que sufren los niños y las comunidades indígenas que trabajan en las minas de oro en Venezuela junto con el socavamiento de la independencia del sistema judicial en el país son las dos principales conclusiones de un informe dado a conocer este miércoles por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

El informe de Michelle Bachelet, que se presenta a los 47 estados miembros del Consejo de Derechos Humanos, describe cómo los grupos criminales, conocidos localmente como «sindicatos», ejercen el control sobre una gran cantidad de operaciones mineras en el Arco Minero del Orinoco.

Los grupos criminales mantienen su presencia y actividades ilegales en las minas a través de un sistema de corrupción y soborno que incluye pagar a los comandantes militares.

«Deciden quién entra o sale de las zonas mineras, imponen reglas, aplican castigos físicos crueles a quienes infringen dichas reglas y sacan beneficios económicos de todas las actividades en las zonas mineras, incluso recurriendo a prácticas de extorsión a cambio de protección», dice el informe.

El documento detalla cómo los grupos mantienen su presencia y actividades ilegales en las minas a través de un sistema de corrupción y soborno que incluye pagar a los comandantes militares.

Debido a la crisis económica y la falta de oportunidades laborales en Venezuela, la migración interna hacia la región minera ha aumentado dramáticamente en los últimos años, con trabajadores que se dedican a la mano de obra informal para llegar a fin de mes para ellos y sus familias.

Los mineros trabajan turnos de 12 horas, descendiendo en pozos profundos sin ninguna protección. Se les exige que paguen alrededor del 10 o el 20% de lo que obtienen a los grupos criminales que controlan las minas, y de un 15 a un 30% adicional al propietario del molino donde se trituran las rocas para extraer oro y otros minerales.

Las mujeres también están involucradas tanto en la minería como en otros trabajos relacionados. Varias personas entrevistadas para el informe sugieren que desde 2016 ha habido un fuerte aumento de la prostitución, la explotación sexual y el tráfico en las áreas mineras, incluso de adolescentes.

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU también recibió informes de que niños de tan solo nueve años trabajan en las minas.

Palizas, disparos, amputaciones y asesinatos

Los entrevistados informaron que castigos severos se infligen a aquellos que no cumplen con las reglas impuestas por los grupos criminales: además de palizas severas, tales castigos incluyen recibir un disparo en las manos, o tener una mano cortada, así como asesinatos.

Los relatos de testigos describen cómo los cuerpos de los mineros a menudo son arrojados a antiguos pozos mineros. La violencia también proviene de disputas sobre el control de las minas.

Sobre la base de un análisis de fuentes abiertas, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU identificó 16 de este tipo de disputas en los últimos cuatro años que supuestamente causaron unas 149 muertes. Presuntamente, las fuerzas de seguridad estuvieron involucradas en algunos de estos incidentes.

«A pesar de la considerable presencia de fuerzas militares y de seguridad en la región, y los esfuerzos realizados para abordar la actividad criminal, las autoridades no han podido investigar y llevar a juicio las violaciones de los derechos humanos, los abusos y los delitos relacionados con la minería», dijo Bachelet.

Tomar medidas e investigar

La Alta Comisionada agregó: “Las autoridades deberían de tomar medidas inmediatas para terminar con la explotación laboral y sexual, el trabajo infantil y la trata de personas, y deberían desmantelar los grupos criminales que controlan las actividades mineras. También deberían investigar, enjuiciar y castigar a los responsables de crímenes y violaciones de derechos humanos”.

Las condiciones de vida en las zonas mineras son pésimas, sin agua corriente, electricidad ni saneamiento. Los pozos de agua estancada y contaminada como resultado de la minería, son lugar de cultivo para los mosquitos, provocando un aumento de los casos de malaria en la región, que afecta no solo a los trabajadores migrantes sino también a las comunidades indígenas.

Ambos grupos también se ven gravemente afectados por el envenenamiento por mercurio. El mercurio se usa ampliamente en la región para separar el oro de otros minerales, y los trabajadores y las personas que viven en la zona respiran los gases tóxicos creados durante el proceso. También se vierte en el suelo y se filtra en los ríos.

La minería ilegal afecta el disfrute de los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas, debido a la destrucción de su hábitat y la falta de control sobre sus territorios tradicionales y recursos naturales.

La independencia judicial está socavada

El informe de la Oficina de la Alta Comisionada también examina cuestiones sobre la Justicia en general en Venezuela y describe cómo “la independencia del sistema de justicia se ha visto socavado considerablemente por la inseguridad en la tenencia de jueces y fiscales; la falta de transparencia en el proceso de su designación; las condiciones de trabajo precarias; y la interferencia política”.

Las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia en relación con la Asamblea Nacional controlada por la oposición han dado lugar constantemente a preocupaciones sobre las consideraciones políticas que prevalecen sobre las determinaciones legales.

Esta situación ha afectado gravemente la capacidad del poder judicial de actuar de forma independiente para proteger los derechos humanos, y está contribuyendo a la impunidad.

A pesar de los recientes esfuerzos realizados por el Ministerio Público de investigar las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad, la falta de determinación de responsabilidad es especialmente significativa en casos de asesinatos en el contexto de protestas y durante operaciones de seguridad, así como en denuncias de tortura y malos tratos y violencia de género.

Barreras para acceder a la Justicia

Las víctimas de violaciones de derechos humanos y abusos continúan enfrentando barreras legales, políticas y socioeconómicas persistentes para acceder a la justicia, y las mujeres enfrentan desafíos específicos de género.

Hago un llamado al Gobierno venezolano a que emprenda y complete las reformas anunciadas al sistema de justicia para garantizar su independencia e imparcialidad, detener el uso de la justicia militar para juzgar a los civiles.

«Hago un llamado al Gobierno venezolano a que emprenda y complete las reformas anunciadas al sistema de justicia para garantizar su independencia e imparcialidad, detener el uso de la justicia militar para juzgar a los civiles y cumplir con su obligación de investigar cualquier denuncia de tortura y malos tratos «, dijo Bachelet.

«También instó a que se detengan de inmediato todos los actos de intimidación, amenazas y represalias de los miembros de las fuerzas de seguridad contra familiares de víctimas de violaciones de derechos humanos que buscan justicia», agregó.

Bachelet indicó que «las víctimas y sus familiares tienen el derecho de saber la verdad y obtener justicia y reparaciones, y no ser acosadas y revictimizadas por aquellos cuyo trabajo debería ser protegerlos».

Violaciones de los derechos económicos y sociales

El informe también examina las violaciones de los derechos económicos y sociales y destaca que “los principales recursos jurídicos han sido ineficaces para las víctimas”.

Las víctimas y los abogados entrevistados plantearon su inquietud a la Oficina de la Alta Comisionada sobre el manejo de los recursos de amparo por los tribunales, debido a que se presentan considerables demoras que afectan su efectividad, particularmente en casos de demandas de medidas cautelares para evitar daños irreparables.

El informe recoge casos en los que a los tribunales les llevó más de un año responder sobre la admisibilidad de las solicitudes de amparo para poder adquirir urgentemente medicamentos antirretrovirales.

Pese a haber transcurrido un tiempo considerable, los tribunales no habrían tomado ninguna medida o decisión sobre la admisibilidad o los méritos de la acción, incluyendo aquellas que buscan proteger intereses colectivos.

En otros casos, las personas demandantes recibieron decisiones contradictorias en las que, en la práctica, les negaban el acceso a la justicia dado que los tribunales declaraban sus acciones de amparo inadmisibles bajo el argumento de que era necesario agotar previamente la vía administrativa, mientras que las instancias administrativas rechazaban las acciones, indicando que eran los tribunales de amparo las que tenían competencias para resolver esos casos.

El informe también denuncia que “la falta de transparencia y acceso a la información sobre los indicadores sociales y económicos y la asignación de fondos públicos es un obstáculo muy importante para realizar un análisis exhaustivo del nivel de cumplimiento por parte del Gobierno de sus obligaciones internacionales en relación con los derechos económicos y sociales. En algunas circunstancias particulares, también puede constituir un obstáculo para la justiciabilidad de estos derechos”.

SOURCE Centro de Noticias ONU

IOWA CITY, Iowa, 14 de julio de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ — La Organic Consumers Association (OCA), Forward Latino, Socially Responsible Agricultural Project (SRAP), el Dr. Mercola y U.S. Farmers & Ranchers for a Green New Deal, lanzaron hoy la campaña nacional de educación al consumidor y de presión «Boycott Big Meat» (Boicot a la ganadería industrial).

La campaña cuenta con el respaldo de más de 50 grupos, entre ellos Cedar Rapids, Iowa Sunrise Hub y Iowa Alliance for Responsible Agriculture.

Únase a la conferencia de prensa virtual el 14 de julio a las 7 p.m. CDT.

«Los consumidores deben liderar la transición correcta hacia un sistema descentralizado de producción de carne orgánica proveniente de ganado criado sobre pastos regenerativos y alimentado con pasto, y dirigido por una red diversa de agricultores, ganaderos, procesadores y minoristas independientes locales y regionales que se comprometan con una remuneración justa y condiciones de trabajo seguras, y con la justicia ambiental y climática», dijo Ronnie Cummins, director internacional de la OCA.

El representante Ro Khanna (D-California), que presentó la versión de la Ley de Reforma de los Sistemas Agrícolas de la Cámara de Representantes, dijo: «La demanda de los consumidores y la reforma de políticas deben ir de la mano para nivelar el campo de juego de los productores diversificados independientes, de modo que puedan proporcionar alimentos confiables y sostenibles. Los consumidores merecen saber de dónde viene su carne, y los agricultores merecen una oportunidad equitativa en el mercado».

«Desde el creciente número de trabajadores en las plantas empacadoras de carne que están sufriendo a causa del COVID-19, hasta las familias que lloran la pérdida de sus seres queridos, estamos siendo testigos del costo humano vinculado a las ganancias de los procesadores de carne más grandes de nuestro país», dijo Darryl Morin, presidente de Forward Latino«. Estos trabajadores esenciales, en gran parte gente de color, tienen derecho a las mismas protecciones en el lugar de trabajo que la mayoría de nosotros damos por sentado».

«Con la fijación de precios, las injusticias hacia los agricultores y los trabajadores de las plantas empacadoras de carne, la falta de seguridad alimentaria e infraestructura, y los problemas ambientales y de salud pública que nos perjudican a todos, el sistema de la ganadería industrial ha estado plagado de abusos durante mucho tiempo», dijo Sherri Dugger, directora ejecutiva de SRAP. «Nuestro futuro depende de que tomemos medidas».

La Organic Consumers Association (OCA) es una organización nacional de base sin fines de lucro que aboga en nombre de millones de consumidores a favor de alimentos seguros y saludables y un medio ambiente limpio.

Forward Latino es una organización sin fines de lucro, de defensa y servicio sin afiliación partidaria, dedicada a ayudar a los latinos que buscan el llamado «sueño americano». Forward Latino cumple su misión a través de la defensoría, el compromiso cívico, la educación y la prestación de servicios.

El Socially Responsible Agricultural Project (SRAP) ayuda a las comunidades rurales a sustituir la producción ganadera industrial por una agricultura animal ecológica, socialmente equitativa y económicamente viable.

FUENTE Organic Consumers Association