NUEVA YORK, 17 February 2021 /PRNewswire Policy/ — “Mi esposo se quedó sin empleo, y nos cayó el arriendo, los gastos, la comida. Tuve que tocar puertas porque sabía que me iba a quedar sin comida y sin nada, porque nosotros aquí no conocemos a nadie”, cuenta Kelly, una refugiada venezolana en Medellín, Colombia.

La madre es administradora de empresas, y tuvo que salir huyendo de su país con su familia por la situación socioeconómica, como millones más de sus compatriotas.

“Yo sueño con volver a ejercer, lo único que necesito es una oportunidad”. Kelly recibió ayuda de la Agencia de la ONU para los Refugiados y la Cruz Roja, y pudo evitar ser desalojada el año pasado, pero miles de venezolanos no han tenido la misma suerte.

Cerca del 40% de los venezolanos refugiados y migrantes han sido desalojados durante la pandemia, y un 38% más está en riesgo de perder su hogar en su país de acogida, asegura un estudio realizado por varias agencias internacionales.

El informe de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela, a la que pertenecen la Organización Internacional de las Migraciones y la Agencia de la ONU para los Refugiados, destaca que además tres de cada cuatro hogares desalojados están enfrentando nuevos riesgos de desalojo y que una quinta parte de las personas afectadas son embarazadas o madres de niñas y niños. La mayoría de ellos no ha recibido ninguna ayuda de los gobiernos antes o después del desalojo.

Muchas personas refugiadas y migrantes en América Latina y el Caribe, dependientes de la economía informal para sobrevivir, perdieron sus trabajos durante la pandemia y se encuentran viviendo en situación de pobreza, sin poder cubrir sus necesidades básicas, incluyendo el pago de alquiler, detalla el estudio en el que también participó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Colombia es el país con mayor número de casos en los que se le ha notificado del desalojo a los hogares encuestados con un 69,50%; seguido por Brasil con un 59%; Ecuador con un 58,4 %; y Perú con un 55,7%.

“Los desalojos afectan los derechos humanos económicos y sociales de las personas migrantes, refugiadas y desplazadas y en el contexto actual principalmente el acceso a la vivienda digna de las personas venezolanas. En este sentido, la Comisión observa que la recopilación de datos es importante porque permite identificar las afectaciones diferenciadas, los factores de discriminación y los múltiples aspectos interseccionales, incluyendo el enfoque de género para orientar de forma precisa las políticas y medidas de protección necesarias en los países de la región», expresó Julissa Mantilla, relatora sobre derechos de las personas migrantes de la Comisión, durante la presentación del informe.

Una dura situación

Según las encuestas que fueron realizadas en siete países de América Latina y del Caribe – Perú, Ecuador, Brasil, Colombia, Panamá, la República Dominicana y Guyana – la mitad de los hogares entrevistados viven en una sola habitación. El estudio también muestra que el 11% de todos los desalojos resultaron en indigencia y tres de cada cuatro de los hogares caerían en indigencia si fueran desalojados.

La situación aumenta el riesgo de contagio de COVID-19, pero además de los riesgos de salud causados por la indigencia que se relacionan con la pandemia, las personas refugiadas y migrantes de Venezuela que fueron desalojadas y viven en las calles se enfrentan a la estigmatización y al riesgo de ser explotadas y abusadas laboral y sexualmente.

La irregularidad se ha confirmado como causante de desalojos, con la mitad de las familias desalojadas sin documentos en su país de acogida y sin la posibilidad de establecer contratos de arriendo formales.

“La necesidad de garantizar políticas públicas para el acceso a la vivienda como paso siguiente a los esfuerzos en regularización es clave si queremos evitar que sigan aconteciendo situaciones tan dramáticas como las que hemos observado en este último año”, dijo Eduardo Stein, representante especial conjunto para los Refugiados y Migrantes Venezolanos.

Acción de los Gobiernos

Algunos gobiernos de la región, para prevenir la indigencia durante la pandemia, han declarado prohibiciones temporales a los desalojos y otras iniciativas. Sin embargo, algunas de estas regulaciones ya han expirado o culminarán una vez finalice la declaración de emergencia, creando un posible incremento en desalojos.

Asimismo, según el informe, los propietarios no están cumpliendo con estas medidas en todos los casos. De acuerdo con los resultados de la encuesta, 6 de cada 10 hogares que enfrentaron desalojos no tenían contrato formal.

La falta de presencia y asistencia institucional incrementa los niveles de vulnerabilidad, especialmente para mujeres, niñas y niños, personas con discapacidad y pueblos indígenas.

La encuesta detalla diferentes tácticas y medios de desalojos que fueron reportadas por organizaciones humanitarias, como amenazas y uso de violencia, así como la violencia sexual, el acoso y la interrupción de servicios como agua, electricidad y gas.

El informe también indica que en caso de ser desalojados, solo un 7% de las personas estaría dispuesto a volver a Venezuela y un 73% piensa que el retorno al país de origen representa un riesgo para sus hogares.

Se necesita ayuda

En la región, los socios de la Plataforma están incrementado los niveles de asistencia, reforzando y expandiendo las capacidades de albergues temporales y de alternativas de alojamiento, preparando acomodaciones de emergencia en hoteles para recibir a las personas desalojadas, dando información y apoyo legal para reportar incidentes o amenazas de desalojos, y distribuyendo asistencia en efectivo, subsidios de arriendo y otro tipo de asistencia para las personas más vulnerables, incluyendo a las personas desalojadas o en riesgo de desalojo.

Las agencias piden a los Gobiernos, entre otras cosas, que adopten todas las medidas administrativas y legislativas necesarias para garantizar condiciones de vivienda dignas para las personas refugiadas y migrantes de Venezuela, incluyéndolas en la oferta estatal existente para el acceso a vivienda o a líneas de subsidios especiales adaptadas a su situación socioeconómica.

También pidieron a las autoridades civiles brindar protección contra las intimidaciones, amenazas o expresiones de xenofobia vinculados a los procesos de desalojo, mediante la garantía de acceso a rutas de prevención y protección.

SOURCE Centro de Noticias ONU

NUEVA YORK, 17 February 2021 /PRNewswire Policy/ — “Mi esposo se quedó sin empleo, y nos cayó el arriendo, los gastos, la comida. Tuve que tocar puertas porque sabía que me iba a quedar sin comida y sin nada, porque nosotros aquí no conocemos a nadie”, cuenta Kelly, una refugiada venezolana en Medellín, Colombia.

La madre es administradora de empresas, y tuvo que salir huyendo de su país con su familia por la situación socioeconómica, como millones más de sus compatriotas.

“Yo sueño con volver a ejercer, lo único que necesito es una oportunidad”. Kelly recibió ayuda de la Agencia de la ONU para los Refugiados y la Cruz Roja, y pudo evitar ser desalojada el año pasado, pero miles de venezolanos no han tenido la misma suerte.

Cerca del 40% de los venezolanos refugiados y migrantes han sido desalojados durante la pandemia, y un 38% más está en riesgo de perder su hogar en su país de acogida, asegura un estudio realizado por varias agencias internacionales.

El informe de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela, a la que pertenecen la Organización Internacional de las Migraciones y la Agencia de la ONU para los Refugiados, destaca que además tres de cada cuatro hogares desalojados están enfrentando nuevos riesgos de desalojo y que una quinta parte de las personas afectadas son embarazadas o madres de niñas y niños. La mayoría de ellos no ha recibido ninguna ayuda de los gobiernos antes o después del desalojo.

Muchas personas refugiadas y migrantes en América Latina y el Caribe, dependientes de la economía informal para sobrevivir, perdieron sus trabajos durante la pandemia y se encuentran viviendo en situación de pobreza, sin poder cubrir sus necesidades básicas, incluyendo el pago de alquiler, detalla el estudio en el que también participó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Colombia es el país con mayor número de casos en los que se le ha notificado del desalojo a los hogares encuestados con un 69,50%; seguido por Brasil con un 59%; Ecuador con un 58,4 %; y Perú con un 55,7%.

“Los desalojos afectan los derechos humanos económicos y sociales de las personas migrantes, refugiadas y desplazadas y en el contexto actual principalmente el acceso a la vivienda digna de las personas venezolanas. En este sentido, la Comisión observa que la recopilación de datos es importante porque permite identificar las afectaciones diferenciadas, los factores de discriminación y los múltiples aspectos interseccionales, incluyendo el enfoque de género para orientar de forma precisa las políticas y medidas de protección necesarias en los países de la región», expresó Julissa Mantilla, relatora sobre derechos de las personas migrantes de la Comisión, durante la presentación del informe.

Una dura situación

Según las encuestas que fueron realizadas en siete países de América Latina y del Caribe – Perú, Ecuador, Brasil, Colombia, Panamá, la República Dominicana y Guyana – la mitad de los hogares entrevistados viven en una sola habitación. El estudio también muestra que el 11% de todos los desalojos resultaron en indigencia y tres de cada cuatro de los hogares caerían en indigencia si fueran desalojados.

La situación aumenta el riesgo de contagio de COVID-19, pero además de los riesgos de salud causados por la indigencia que se relacionan con la pandemia, las personas refugiadas y migrantes de Venezuela que fueron desalojadas y viven en las calles se enfrentan a la estigmatización y al riesgo de ser explotadas y abusadas laboral y sexualmente.

La irregularidad se ha confirmado como causante de desalojos, con la mitad de las familias desalojadas sin documentos en su país de acogida y sin la posibilidad de establecer contratos de arriendo formales.

“La necesidad de garantizar políticas públicas para el acceso a la vivienda como paso siguiente a los esfuerzos en regularización es clave si queremos evitar que sigan aconteciendo situaciones tan dramáticas como las que hemos observado en este último año”, dijo Eduardo Stein, representante especial conjunto para los Refugiados y Migrantes Venezolanos.

Acción de los Gobiernos

Algunos gobiernos de la región, para prevenir la indigencia durante la pandemia, han declarado prohibiciones temporales a los desalojos y otras iniciativas. Sin embargo, algunas de estas regulaciones ya han expirado o culminarán una vez finalice la declaración de emergencia, creando un posible incremento en desalojos.

Asimismo, según el informe, los propietarios no están cumpliendo con estas medidas en todos los casos. De acuerdo con los resultados de la encuesta, 6 de cada 10 hogares que enfrentaron desalojos no tenían contrato formal.

La falta de presencia y asistencia institucional incrementa los niveles de vulnerabilidad, especialmente para mujeres, niñas y niños, personas con discapacidad y pueblos indígenas.

La encuesta detalla diferentes tácticas y medios de desalojos que fueron reportadas por organizaciones humanitarias, como amenazas y uso de violencia, así como la violencia sexual, el acoso y la interrupción de servicios como agua, electricidad y gas.

El informe también indica que en caso de ser desalojados, solo un 7% de las personas estaría dispuesto a volver a Venezuela y un 73% piensa que el retorno al país de origen representa un riesgo para sus hogares.

Se necesita ayuda

En la región, los socios de la Plataforma están incrementado los niveles de asistencia, reforzando y expandiendo las capacidades de albergues temporales y de alternativas de alojamiento, preparando acomodaciones de emergencia en hoteles para recibir a las personas desalojadas, dando información y apoyo legal para reportar incidentes o amenazas de desalojos, y distribuyendo asistencia en efectivo, subsidios de arriendo y otro tipo de asistencia para las personas más vulnerables, incluyendo a las personas desalojadas o en riesgo de desalojo.

Las agencias piden a los Gobiernos, entre otras cosas, que adopten todas las medidas administrativas y legislativas necesarias para garantizar condiciones de vivienda dignas para las personas refugiadas y migrantes de Venezuela, incluyéndolas en la oferta estatal existente para el acceso a vivienda o a líneas de subsidios especiales adaptadas a su situación socioeconómica.

También pidieron a las autoridades civiles brindar protección contra las intimidaciones, amenazas o expresiones de xenofobia vinculados a los procesos de desalojo, mediante la garantía de acceso a rutas de prevención y protección.

SOURCE Centro de Noticias ONU

NUEVA YORK, 12 February 2021 /PRNewswire Policy/ — La relatora* especial de la ONU sobre medidas coercitivas unilaterales y derechos humanos, Alena Douhan, ha instado este viernes a Estados Unidos, la Unión Europea y otros Estados a retirar las sanciones unilaterales impuestas contra Venezuela.

Al final de una visita de dos semanas al país, Douhan señala en sus conclusiones preliminares que “las sanciones han exacerbado las calamidades preexistentes”.

Además, han tenido como resultado una crisis económica, humanitaria y de desarrollo, con un efecto devastador en toda la población de Venezuela, especialmente pero no solo en las personas que viven en la extrema pobreza, las mujeres, los niños, los trabajadores médicos, las personas con discapacidades o enfermedades crónicas y las poblaciones indígenas.

“El efecto devastador de las sanciones impuestas se multiplica por la extraterritorialidad y el sobrecumplimiento que afectan negativamente a los sectores público y privado, a los ciudadanos venezolanos, a las organizaciones no gubernamentales y a las empresas de terceros países”, dijo Douhan, agregando que “las exenciones humanitarias son largas, costosas, ineficientes e ineficaces”, señala la experta.

“La falta de maquinaria, repuestos, electricidad, agua, combustible, gasolina, alimentos y medicinas, la creciente insuficiencia de trabajadores calificados, muchos de los cuales han abandonado el país en busca de mejores oportunidades económicas, en particular personal médico, ingenieros, maestros, profesores, jueces y policías, todo ello tiene un impacto enorme en todas las categorías de derechos humanos, incluidos los derechos a la vida, a la alimentación, a la salud y al desarrollo”, explica la relatora.

“Debido a la complejidad de la situación, busqué encontrarme con la más amplia variedad de personas para escuchar su experiencia y sus conocimientos. Me reuní con funcionarios gubernamentales, diplomáticos, agencias internacionales, líderes de la oposición, organizaciones no gubernamentales, abogados, médicos, maestros, académicos, víctimas de violaciones de derechos humanos, representantes de empresas privadas y de la iglesia, así como gente común”, informó Douhan.

Las sanciones más severas de Estados Unidos

Las sanciones se impusieron por primera vez contra Venezuela en 2005 y se han reforzado severamente desde 2015, siendo las más severas las impuestas por Estados Unidos.

Una ley estadounidense de 2014 dio lugar a sanciones contra funcionarios venezolanos acusados, entre otras cosas, de reprimir violentamente las protestas, perseguir a los opositores políticos, restringir la libertad de prensa y la corrupción. En 2015, Estados Unidos declaró la situación de Venezuela como una emergencia nacional que amenazaba la seguridad y la política exterior.

En 2017, ese mismo país impuso sanciones contra el Gobierno y sus entidades, incluida Petróleos de Venezuela (PDVSA), bloqueando sus transacciones y acceso a los mercados financieros estadounidenses. En 2018, después de las elecciones presidenciales venezolanas, endureció sus sanciones, citando mala gestión económica, corrupción, represión de opositores políticos y esfuerzos por socavar la democracia.

La relatora hizo un llamado a los países para que observen los principios y normas del derecho internacional y les recordó que las preocupaciones humanitarias siempre deben tenerse en cuenta con la debida observancia al respeto mutuo, la solidaridad, la cooperación y el multilateralismo.

La relatora especial ha tomado nota de la decisión del Gobierno de los Estados Unidos del 21 de enero de 2020 de revisar las sanciones para minimizar el impacto humanitario de la pandemia, y de otra decisión tomada por el nuevo Ejecutivo del 2 de febrero de 2021 para aliviar las sanciones que afectan el funcionamiento de las operaciones ordinarias en los puertos y aeropuertos venezolanos.

No obstante, Douhan recordó que “las medidas unilaterales solo son legales si están autorizadas por el Consejo de Seguridad de la ONU, o se utilizan como contramedidas, o no violan ninguna obligación de los Estados, y no violan los derechos humanos fundamentales”.

Por su parte, la Unión Europea impuso sanciones contra Venezuela en 2017, que incluían un embargo de armas, una prohibición a las exportaciones de bienes que podrían usarse para la represión interna, una prohibición a las exportaciones de tecnología y material fabricado para el monitoreo o interceptación de telecomunicaciones, y prohibiciones de viaje y el bloqueo de los activos de personas cuyas acciones sean consideradas por este bloque como encaminadas para socavar la democracia, el estado de derecho y el respeto de los derechos humanos.

Otros países, como Canadá, México, Suiza, Panamá y los 14 integrantes del llamado Grupo de Lima han impuesto algún tipo de sanción o restricciones a Venezuela.

Impacto sobre el disfrute de los derechos humanos

La relatora observa con preocupación que las sanciones sectoriales a las industrias del petróleo, el oro y la minería, el bloqueo económico de Venezuela y el congelamiento de los activos del Banco Central han exacerbado las calamidades económicas y humanitarias preexistentes al impedir la obtención de ingresos y el uso de recursos para desarrollar y mantener la infraestructura para los programas de apoyo social, lo que tiene un efecto devastador en toda la población de Venezuela.

La experta observa con preocupación que la ausencia de recursos y la renuencia de los socios extranjeros, los bancos y las empresas de mensajería para tratar con socios venezolanos resulta en la imposibilidad de comprar los equipos médicos y tecnológicos necesarios, reactivos y repuestos para la reparación y mantenimiento de la electricidad, el gas, el agua, el transporte público, la telefonía y los sistemas de comunicación, las escuelas, los hospitales, las casas y otras instituciones públicas, socavando así el disfrute de muchos derechos humanos, incluido el derecho a una vida digna.

A pesar de la revisión periódica y el aumento de los salarios en Venezuela, el salario promedio del sector público se estima en dos o tres dólares por mes, lo que cubre menos del 1% de la canasta básica de alimentos, colocando alrededor del 90% de la población en el nivel de pobreza extrema y haciendo que las personas dependan cada vez más del apoyo social del Gobierno, así como ayuda humanitaria exterior.

Douhan observa que esto aumenta el nivel de migración, facilita la participación de las personas en la economía sumergida, afectando de primera mano a especialistas de alto nivel del sector público, incluidos médicos, enfermeras, profesores, profesores universitarios, ingenieros, policías, jueces, técnicos y muchos otros, violando sus derechos económicos, incluidos los derechos al trabajo, al trabajo decente, a la seguridad social, incluido el seguro social, y a un nivel de vida adecuado.

La migración masiva en ausencia de un transporte asequible pone en peligro la vida de los migrantes e impone cargas adicionales a los países receptores.

A la relatora, también le preocupa, entre otros aspectos sanitarios, que la falta de médicos y enfermeras y de suficientes medicamentos, equipo médico, repuestos, actualizaciones de software relevantes, vacunas, pruebas, reactivos y anticonceptivos inicialmente cubiertos en su mayoría por el Gobierno, resulte en la violación del derecho a la salud.

Otro motivo de preocupación es la falta de gasolina, con el consiguiente aumento de los precios del transporte, ya que viola la libertad de circulación, impide el acceso a hospitales, escuelas y otros servicios públicos, agrava los desafíos en la entrega y distribución de alimentos y suministros médicos, especialmente en zonas remotas del país, afectando, entre otras cosas, a la población indígena, y provoca retrasos en los servicios públicos, incluida la justicia penal y civil.

Además, subraya que los bajos salarios, la ausencia o insuficiencia de útiles escolares, uniformes escolares y alimentación en la escuela, que solía ser proporcionada por el Gobierno, los problemas de transporte, la falta de electricidad y la reducción de la cobertura de Internet y telefonía móvil ponen en peligro el ejercicio del derecho a la educación.

Las razones anteriores, así como la imposibilidad reportada de utilizar recursos en línea con direcciones IP venezolanas, afectan el acceso a la información y la libertad de expresión.

Recomendaciones

Entre sus recomendaciones, la experta en derechos humanos destaca que las preocupaciones humanitarias siempre deben prevalecer sobre las políticas y que las medidas unilaterales solo pueden tomarse teniendo debidamente en cuenta el estado de derecho, las normas de derechos humanos, el derecho de los refugiados y el derecho humanitario.

Además, deben cumplir con las obligaciones legales internacionales de los Estados; y sólo puede aplicarse en el curso de contramedidas internacionalmente legales.

La relatora recuerda que se realizarán evaluaciones preliminares y continuas del impacto humanitario en el curso de cualquier actividad unilateral, ya que ninguna buena intención justifica la violación de los derechos humanos fundamentales como “daño colateral”.

Douhan subraya la inadmisibilidad de aplicar sanciones extraterritorialmente e insta al Gobierno de los Estados Unidos a poner fin a la emergencia nacional sobre Venezuela, revisar y levantar las sanciones sectoriales contra el sector público venezolano, revisar y levantar las sanciones secundarias contra terceros Estados y abstenerse de imponer sanciones a suministros de diésel que provocarían una crisis humanitaria de proporciones sin precedentes.

También insta a todos los Estados a revisar y levantar las sanciones selectivas de conformidad con los principios del derecho internacional, el estado de derecho, los derechos humanos y el derecho de los refugiados, para garantizar la posibilidad de que los funcionarios estatales de Venezuela representen al Estado sobre la base de la principio de igualdad soberana de los estados, y garantizar los derechos de las personas afectadas a la presunción de inocencia, garantías procesales, acceso a la justicia y otros derechos fundamentales.

En concreto, pide a los Gobiernos del Reino Unido, Portugal y Estados Unidos y los bancos correspondientes a descongelar activos del Banco Central de Venezuela para la compra de medicamentos, vacunas, alimentos, equipos médicos y de otro tipo, repuestos y otros bienes esenciales para garantizar las necesidades humanitarias. del pueblo de Venezuela y la restauración de los servicios públicos a través y bajo el control del PNUD y otras agencias de la ONU.

Recomendaciones van dirigidas al Gobierno de Venezuela

Si bien reconoce el efecto devastador de las sanciones unilaterales sobre el amplio alcance de los derechos humanos, especialmente el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, el derecho a la vida, el derecho a la educación y el derecho al desarrollo, la relatora llama al Gobierno de Venezuela y a la Oficina de Alto Comisionado para los Derechos Humanos para implementar plenamente el acuerdo de cooperación firmado entre ellos, fortalecer la presencia de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos en el terreno y organizar visitas de los procedimientos especiales pertinentes al país.

También insta al Gobierno de Venezuela, al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, a otras agencias de la ONU y a la Oficina de Derechos Humanos en Venezuela a negociar un acuerdo para garantizar la distribución transparente, justa y no discriminatoria de bienes esenciales y la ayuda humanitaria bajo el control de instituciones internacionales para que se haga con independencia de la raza, género, nacionalidad, edad, creencias religiosas u opiniones políticas, teniendo debidamente en cuenta los grupos con necesidades especiales.

Finalmente pide al Gobierno de Venezuela, en colaboración con las agencias de la ONU en Venezuela, a terminar de redactar una legislación clara y no discriminatoria que habilite y facilite el trabajo humanitario de las ONG internacionales y nacionales en Venezuela, y garantice la seguridad e integridad de su personal.

Al mismo tiempo, recuerda la obligación de las ONG humanitarias de cumplir con estándares de actividad puramente humanitaria.

La relatora tiene previsto publicar un informe completo sobre su misión en septiembre de 2021.

SOURCE Centro de Noticias ONU

NUEVA YORK, 12 February 2021 /PRNewswire Policy/ — La relatora* especial de la ONU sobre medidas coercitivas unilaterales y derechos humanos, Alena Douhan, ha instado este viernes a Estados Unidos, la Unión Europea y otros Estados a retirar las sanciones unilaterales impuestas contra Venezuela.

Al final de una visita de dos semanas al país, Douhan señala en sus conclusiones preliminares que “las sanciones han exacerbado las calamidades preexistentes”.

Además, han tenido como resultado una crisis económica, humanitaria y de desarrollo, con un efecto devastador en toda la población de Venezuela, especialmente pero no solo en las personas que viven en la extrema pobreza, las mujeres, los niños, los trabajadores médicos, las personas con discapacidades o enfermedades crónicas y las poblaciones indígenas.

“El efecto devastador de las sanciones impuestas se multiplica por la extraterritorialidad y el sobrecumplimiento que afectan negativamente a los sectores público y privado, a los ciudadanos venezolanos, a las organizaciones no gubernamentales y a las empresas de terceros países”, dijo Douhan, agregando que “las exenciones humanitarias son largas, costosas, ineficientes e ineficaces”, señala la experta.

“La falta de maquinaria, repuestos, electricidad, agua, combustible, gasolina, alimentos y medicinas, la creciente insuficiencia de trabajadores calificados, muchos de los cuales han abandonado el país en busca de mejores oportunidades económicas, en particular personal médico, ingenieros, maestros, profesores, jueces y policías, todo ello tiene un impacto enorme en todas las categorías de derechos humanos, incluidos los derechos a la vida, a la alimentación, a la salud y al desarrollo”, explica la relatora.

“Debido a la complejidad de la situación, busqué encontrarme con la más amplia variedad de personas para escuchar su experiencia y sus conocimientos. Me reuní con funcionarios gubernamentales, diplomáticos, agencias internacionales, líderes de la oposición, organizaciones no gubernamentales, abogados, médicos, maestros, académicos, víctimas de violaciones de derechos humanos, representantes de empresas privadas y de la iglesia, así como gente común”, informó Douhan.

Las sanciones más severas de Estados Unidos

Las sanciones se impusieron por primera vez contra Venezuela en 2005 y se han reforzado severamente desde 2015, siendo las más severas las impuestas por Estados Unidos.

Una ley estadounidense de 2014 dio lugar a sanciones contra funcionarios venezolanos acusados, entre otras cosas, de reprimir violentamente las protestas, perseguir a los opositores políticos, restringir la libertad de prensa y la corrupción. En 2015, Estados Unidos declaró la situación de Venezuela como una emergencia nacional que amenazaba la seguridad y la política exterior.

En 2017, ese mismo país impuso sanciones contra el Gobierno y sus entidades, incluida Petróleos de Venezuela (PDVSA), bloqueando sus transacciones y acceso a los mercados financieros estadounidenses. En 2018, después de las elecciones presidenciales venezolanas, endureció sus sanciones, citando mala gestión económica, corrupción, represión de opositores políticos y esfuerzos por socavar la democracia.

La relatora hizo un llamado a los países para que observen los principios y normas del derecho internacional y les recordó que las preocupaciones humanitarias siempre deben tenerse en cuenta con la debida observancia al respeto mutuo, la solidaridad, la cooperación y el multilateralismo.

La relatora especial ha tomado nota de la decisión del Gobierno de los Estados Unidos del 21 de enero de 2020 de revisar las sanciones para minimizar el impacto humanitario de la pandemia, y de otra decisión tomada por el nuevo Ejecutivo del 2 de febrero de 2021 para aliviar las sanciones que afectan el funcionamiento de las operaciones ordinarias en los puertos y aeropuertos venezolanos.

No obstante, Douhan recordó que “las medidas unilaterales solo son legales si están autorizadas por el Consejo de Seguridad de la ONU, o se utilizan como contramedidas, o no violan ninguna obligación de los Estados, y no violan los derechos humanos fundamentales”.

Por su parte, la Unión Europea impuso sanciones contra Venezuela en 2017, que incluían un embargo de armas, una prohibición a las exportaciones de bienes que podrían usarse para la represión interna, una prohibición a las exportaciones de tecnología y material fabricado para el monitoreo o interceptación de telecomunicaciones, y prohibiciones de viaje y el bloqueo de los activos de personas cuyas acciones sean consideradas por este bloque como encaminadas para socavar la democracia, el estado de derecho y el respeto de los derechos humanos.

Otros países, como Canadá, México, Suiza, Panamá y los 14 integrantes del llamado Grupo de Lima han impuesto algún tipo de sanción o restricciones a Venezuela.

Impacto sobre el disfrute de los derechos humanos

La relatora observa con preocupación que las sanciones sectoriales a las industrias del petróleo, el oro y la minería, el bloqueo económico de Venezuela y el congelamiento de los activos del Banco Central han exacerbado las calamidades económicas y humanitarias preexistentes al impedir la obtención de ingresos y el uso de recursos para desarrollar y mantener la infraestructura para los programas de apoyo social, lo que tiene un efecto devastador en toda la población de Venezuela.

La experta observa con preocupación que la ausencia de recursos y la renuencia de los socios extranjeros, los bancos y las empresas de mensajería para tratar con socios venezolanos resulta en la imposibilidad de comprar los equipos médicos y tecnológicos necesarios, reactivos y repuestos para la reparación y mantenimiento de la electricidad, el gas, el agua, el transporte público, la telefonía y los sistemas de comunicación, las escuelas, los hospitales, las casas y otras instituciones públicas, socavando así el disfrute de muchos derechos humanos, incluido el derecho a una vida digna.

A pesar de la revisión periódica y el aumento de los salarios en Venezuela, el salario promedio del sector público se estima en dos o tres dólares por mes, lo que cubre menos del 1% de la canasta básica de alimentos, colocando alrededor del 90% de la población en el nivel de pobreza extrema y haciendo que las personas dependan cada vez más del apoyo social del Gobierno, así como ayuda humanitaria exterior.

Douhan observa que esto aumenta el nivel de migración, facilita la participación de las personas en la economía sumergida, afectando de primera mano a especialistas de alto nivel del sector público, incluidos médicos, enfermeras, profesores, profesores universitarios, ingenieros, policías, jueces, técnicos y muchos otros, violando sus derechos económicos, incluidos los derechos al trabajo, al trabajo decente, a la seguridad social, incluido el seguro social, y a un nivel de vida adecuado.

La migración masiva en ausencia de un transporte asequible pone en peligro la vida de los migrantes e impone cargas adicionales a los países receptores.

A la relatora, también le preocupa, entre otros aspectos sanitarios, que la falta de médicos y enfermeras y de suficientes medicamentos, equipo médico, repuestos, actualizaciones de software relevantes, vacunas, pruebas, reactivos y anticonceptivos inicialmente cubiertos en su mayoría por el Gobierno, resulte en la violación del derecho a la salud.

Otro motivo de preocupación es la falta de gasolina, con el consiguiente aumento de los precios del transporte, ya que viola la libertad de circulación, impide el acceso a hospitales, escuelas y otros servicios públicos, agrava los desafíos en la entrega y distribución de alimentos y suministros médicos, especialmente en zonas remotas del país, afectando, entre otras cosas, a la población indígena, y provoca retrasos en los servicios públicos, incluida la justicia penal y civil.

Además, subraya que los bajos salarios, la ausencia o insuficiencia de útiles escolares, uniformes escolares y alimentación en la escuela, que solía ser proporcionada por el Gobierno, los problemas de transporte, la falta de electricidad y la reducción de la cobertura de Internet y telefonía móvil ponen en peligro el ejercicio del derecho a la educación.

Las razones anteriores, así como la imposibilidad reportada de utilizar recursos en línea con direcciones IP venezolanas, afectan el acceso a la información y la libertad de expresión.

Recomendaciones

Entre sus recomendaciones, la experta en derechos humanos destaca que las preocupaciones humanitarias siempre deben prevalecer sobre las políticas y que las medidas unilaterales solo pueden tomarse teniendo debidamente en cuenta el estado de derecho, las normas de derechos humanos, el derecho de los refugiados y el derecho humanitario.

Además, deben cumplir con las obligaciones legales internacionales de los Estados; y sólo puede aplicarse en el curso de contramedidas internacionalmente legales.

La relatora recuerda que se realizarán evaluaciones preliminares y continuas del impacto humanitario en el curso de cualquier actividad unilateral, ya que ninguna buena intención justifica la violación de los derechos humanos fundamentales como “daño colateral”.

Douhan subraya la inadmisibilidad de aplicar sanciones extraterritorialmente e insta al Gobierno de los Estados Unidos a poner fin a la emergencia nacional sobre Venezuela, revisar y levantar las sanciones sectoriales contra el sector público venezolano, revisar y levantar las sanciones secundarias contra terceros Estados y abstenerse de imponer sanciones a suministros de diésel que provocarían una crisis humanitaria de proporciones sin precedentes.

También insta a todos los Estados a revisar y levantar las sanciones selectivas de conformidad con los principios del derecho internacional, el estado de derecho, los derechos humanos y el derecho de los refugiados, para garantizar la posibilidad de que los funcionarios estatales de Venezuela representen al Estado sobre la base de la principio de igualdad soberana de los estados, y garantizar los derechos de las personas afectadas a la presunción de inocencia, garantías procesales, acceso a la justicia y otros derechos fundamentales.

En concreto, pide a los Gobiernos del Reino Unido, Portugal y Estados Unidos y los bancos correspondientes a descongelar activos del Banco Central de Venezuela para la compra de medicamentos, vacunas, alimentos, equipos médicos y de otro tipo, repuestos y otros bienes esenciales para garantizar las necesidades humanitarias. del pueblo de Venezuela y la restauración de los servicios públicos a través y bajo el control del PNUD y otras agencias de la ONU.

Recomendaciones van dirigidas al Gobierno de Venezuela

Si bien reconoce el efecto devastador de las sanciones unilaterales sobre el amplio alcance de los derechos humanos, especialmente el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, el derecho a la vida, el derecho a la educación y el derecho al desarrollo, la relatora llama al Gobierno de Venezuela y a la Oficina de Alto Comisionado para los Derechos Humanos para implementar plenamente el acuerdo de cooperación firmado entre ellos, fortalecer la presencia de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos en el terreno y organizar visitas de los procedimientos especiales pertinentes al país.

También insta al Gobierno de Venezuela, al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, a otras agencias de la ONU y a la Oficina de Derechos Humanos en Venezuela a negociar un acuerdo para garantizar la distribución transparente, justa y no discriminatoria de bienes esenciales y la ayuda humanitaria bajo el control de instituciones internacionales para que se haga con independencia de la raza, género, nacionalidad, edad, creencias religiosas u opiniones políticas, teniendo debidamente en cuenta los grupos con necesidades especiales.

Finalmente pide al Gobierno de Venezuela, en colaboración con las agencias de la ONU en Venezuela, a terminar de redactar una legislación clara y no discriminatoria que habilite y facilite el trabajo humanitario de las ONG internacionales y nacionales en Venezuela, y garantice la seguridad e integridad de su personal.

Al mismo tiempo, recuerda la obligación de las ONG humanitarias de cumplir con estándares de actividad puramente humanitaria.

La relatora tiene previsto publicar un informe completo sobre su misión en septiembre de 2021.

SOURCE Centro de Noticias ONU

NUEVA YORK, 12 February 2021 /PRNewswire Policy/ — Según han señalado hoy cuatro organismos de las Naciones Unidas, se prevé que casi 2,3 millones de niños yemenís menores de cinco años sufrirán malnutrición aguda en 2021, y se estima que 400 000 de esos niños sufrirán malnutrición aguda grave y podrían morir si no reciben tratamiento urgente.

Las nuevas cifras, extraídas del último informe de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (CIF) sobre la malnutrición aguda publicado hoy por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Programa Mundial de Alimentos (PMA), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y sus asociados, suponen un incremento de la malnutrición aguda y la malnutrición aguda grave del 16 % y del 22 % respectivamente en relación con las registradas en 2020.

Los organismos también advirtieron de que se trata de los niveles más altos de malnutrición aguda grave registrados en el Yemen desde el recrudecimiento del conflicto en 2015.

La malnutrición perjudica el desarrollo físico y cognitivo del niño, especialmente durante los dos primeros años de vida. Se trata de una condición en gran medida irreversible, que perpetúa la enfermedad, la pobreza y la desigualdad.

Pese a que la prevención de la malnutrición y el tratamiento de sus efectos devastadores comienzan con una buena salud materna, se prevé que alrededor de 1,2 millones de mujeres embarazadas o lactantes sufrirán malnutrición aguda en el Yemen en 2021.

Los años de conflicto armado y declive económico, la pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) y la grave escasez de fondos para la respuesta humanitaria están empujando a las comunidades agotadas al borde del abismo, con niveles crecientes de inseguridad alimentaria. Muchas familias están viéndose forzadas a reducir la cantidad o la calidad de los alimentos que consumen y, en algunos casos, se ven obligadas a hacer ambas cosas.

«El número cada vez mayor de niños que pasan hambre en el Yemen debería conmocionarnos a todos e impulsarnos a actuar», declaró la Sra. Henrietta Fore, Directora Ejecutiva del UNICEF. «Cada día que pasa sin que se tomen medidas morirán más niños. Las organizaciones humanitarias necesitan recursos urgentes y predecibles y acceso sin trabas a las comunidades sobre el terreno para poder salvar vidas».

«Las familias del Yemen llevan demasiado tiempo en las garras del conflicto, y las amenazas más recientes, como la COVID-19, no han hecho más que agravar su implacable situación», aseguró el Sr. QU Dongyu, Director General de la FAO. «Sin seguridad y estabilidad en todo el país, y si no mejora el acceso a los agricultores de modo que se les puedan proporcionar los medios necesarios para reanudar la producción de alimentos suficientes y nutritivos, los niños del Yemen y sus familias se sumirán en mayores niveles de hambre y malnutrición».

«Estas cifras son un nuevo grito de auxilio desde el Yemen, donde cada niño malnutrido implica también una familia que lucha por sobrevivir», afirmó el Sr. David Beasley, Director Ejecutivo del PMA. «La crisis en el Yemen es una combinación nociva de conflicto, colapso económico y una grave escasez de fondos para proporcionar la ayuda que salva vidas y que es absolutamente necesaria. Pese a todo, se puede dar respuesta al hambre con alimentos y poniendo fin a la violencia. Si tomamos medidas inmediatas, estamos a tiempo de acabar con el sufrimiento de los niños del Yemen«.

«Las enfermedades y las condiciones insalubres están entre las causas fundamentales de la malnutrición infantil», declaró el Sr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la OMS. «Al mismo tiempo, los niños que padecen malnutrición son más vulnerables a enfermedades como la diarrea, las infecciones respiratorias y la malaria, que suscitan enorme preocupación en el Yemen. Es un círculo vicioso y, a menudo, mortal, pero con intervenciones relativamente asequibles y sencillas se pueden salvar muchas vidas».

En el Yemen, la malnutrición aguda entre los niños pequeños y las madres ha ido en aumento cada año de conflicto, con un deterioro significativo durante 2020 impulsado por las elevadas tasas de enfermedades como la diarrea, las infecciones de las vías respiratorias y el cólera, así como por el aumento de las tasas de inseguridad alimentaria. Entre los distritos más afectados cabe citar Adén, Al Dhale, Hajjah, Hodeida, Lahj y Taiz que, junto con la ciudad de Saná, contabilizan más de la mitad de los casos de malnutrición aguda previstos para 2021.

En la actualidad, el Yemen es uno de los lugares más peligrosos del mundo para que los niños crezcan. El país registra tasas elevadas de enfermedades transmisibles, un acceso limitado a la inmunización sistemática y a los servicios de salud para los niños y las familias, prácticas deficientes de alimentación de lactantes y niños pequeños y sistemas inadecuados de saneamiento e higiene.

Entretanto, el ya de por sí frágil sistema de atención sanitaria se enfrenta a los efectos indirectos de la COVID-19, que ha agotado los escasos recursos y ha provocado un descenso en el número de personas que buscan recibir atención médica.

La alarmante situación en la que se encuentran los niños más pequeños y las madres del Yemen conlleva que cualquier perturbación en los servicios humanitarios -desde la salud hasta el agua, el saneamiento y la higiene, pasando por la nutrición, la asistencia alimentaria y el apoyo a los medios de vida- pueda conducir al deterioro de su situación nutricional.

La respuesta humanitaria sigue sin recibir financiación suficiente. En 2020, el plan de respuesta humanitaria recibió 1 900 millones de USD de los 3 400 millones necesarios.

SOURCE Organización para la Agricultura y la Alimentación de las Naciones Unidas (FAO)

NUEVA YORK, 12 February 2021 /PRNewswire Policy/ — Según han señalado hoy cuatro organismos de las Naciones Unidas, se prevé que casi 2,3 millones de niños yemenís menores de cinco años sufrirán malnutrición aguda en 2021, y se estima que 400 000 de esos niños sufrirán malnutrición aguda grave y podrían morir si no reciben tratamiento urgente.

Las nuevas cifras, extraídas del último informe de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (CIF) sobre la malnutrición aguda publicado hoy por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Programa Mundial de Alimentos (PMA), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y sus asociados, suponen un incremento de la malnutrición aguda y la malnutrición aguda grave del 16 % y del 22 % respectivamente en relación con las registradas en 2020.

Los organismos también advirtieron de que se trata de los niveles más altos de malnutrición aguda grave registrados en el Yemen desde el recrudecimiento del conflicto en 2015.

La malnutrición perjudica el desarrollo físico y cognitivo del niño, especialmente durante los dos primeros años de vida. Se trata de una condición en gran medida irreversible, que perpetúa la enfermedad, la pobreza y la desigualdad.

Pese a que la prevención de la malnutrición y el tratamiento de sus efectos devastadores comienzan con una buena salud materna, se prevé que alrededor de 1,2 millones de mujeres embarazadas o lactantes sufrirán malnutrición aguda en el Yemen en 2021.

Los años de conflicto armado y declive económico, la pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) y la grave escasez de fondos para la respuesta humanitaria están empujando a las comunidades agotadas al borde del abismo, con niveles crecientes de inseguridad alimentaria. Muchas familias están viéndose forzadas a reducir la cantidad o la calidad de los alimentos que consumen y, en algunos casos, se ven obligadas a hacer ambas cosas.

«El número cada vez mayor de niños que pasan hambre en el Yemen debería conmocionarnos a todos e impulsarnos a actuar», declaró la Sra. Henrietta Fore, Directora Ejecutiva del UNICEF. «Cada día que pasa sin que se tomen medidas morirán más niños. Las organizaciones humanitarias necesitan recursos urgentes y predecibles y acceso sin trabas a las comunidades sobre el terreno para poder salvar vidas».

«Las familias del Yemen llevan demasiado tiempo en las garras del conflicto, y las amenazas más recientes, como la COVID-19, no han hecho más que agravar su implacable situación», aseguró el Sr. QU Dongyu, Director General de la FAO. «Sin seguridad y estabilidad en todo el país, y si no mejora el acceso a los agricultores de modo que se les puedan proporcionar los medios necesarios para reanudar la producción de alimentos suficientes y nutritivos, los niños del Yemen y sus familias se sumirán en mayores niveles de hambre y malnutrición».

«Estas cifras son un nuevo grito de auxilio desde el Yemen, donde cada niño malnutrido implica también una familia que lucha por sobrevivir», afirmó el Sr. David Beasley, Director Ejecutivo del PMA. «La crisis en el Yemen es una combinación nociva de conflicto, colapso económico y una grave escasez de fondos para proporcionar la ayuda que salva vidas y que es absolutamente necesaria. Pese a todo, se puede dar respuesta al hambre con alimentos y poniendo fin a la violencia. Si tomamos medidas inmediatas, estamos a tiempo de acabar con el sufrimiento de los niños del Yemen«.

«Las enfermedades y las condiciones insalubres están entre las causas fundamentales de la malnutrición infantil», declaró el Sr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la OMS. «Al mismo tiempo, los niños que padecen malnutrición son más vulnerables a enfermedades como la diarrea, las infecciones respiratorias y la malaria, que suscitan enorme preocupación en el Yemen. Es un círculo vicioso y, a menudo, mortal, pero con intervenciones relativamente asequibles y sencillas se pueden salvar muchas vidas».

En el Yemen, la malnutrición aguda entre los niños pequeños y las madres ha ido en aumento cada año de conflicto, con un deterioro significativo durante 2020 impulsado por las elevadas tasas de enfermedades como la diarrea, las infecciones de las vías respiratorias y el cólera, así como por el aumento de las tasas de inseguridad alimentaria. Entre los distritos más afectados cabe citar Adén, Al Dhale, Hajjah, Hodeida, Lahj y Taiz que, junto con la ciudad de Saná, contabilizan más de la mitad de los casos de malnutrición aguda previstos para 2021.

En la actualidad, el Yemen es uno de los lugares más peligrosos del mundo para que los niños crezcan. El país registra tasas elevadas de enfermedades transmisibles, un acceso limitado a la inmunización sistemática y a los servicios de salud para los niños y las familias, prácticas deficientes de alimentación de lactantes y niños pequeños y sistemas inadecuados de saneamiento e higiene.

Entretanto, el ya de por sí frágil sistema de atención sanitaria se enfrenta a los efectos indirectos de la COVID-19, que ha agotado los escasos recursos y ha provocado un descenso en el número de personas que buscan recibir atención médica.

La alarmante situación en la que se encuentran los niños más pequeños y las madres del Yemen conlleva que cualquier perturbación en los servicios humanitarios -desde la salud hasta el agua, el saneamiento y la higiene, pasando por la nutrición, la asistencia alimentaria y el apoyo a los medios de vida- pueda conducir al deterioro de su situación nutricional.

La respuesta humanitaria sigue sin recibir financiación suficiente. En 2020, el plan de respuesta humanitaria recibió 1 900 millones de USD de los 3 400 millones necesarios.

SOURCE Organización para la Agricultura y la Alimentación de las Naciones Unidas (FAO)

CIUDAD DE MÉXICO, 11 de febrero de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ — Las personas que estuvieron detenidas en la cárcel del condado de Los Ángeles debido a las retenciones de ICE en el período de octubre de 2010 a junio de 2014 pueden ser elegibles para participar en un acuerdo financiero para compensarlas por violaciones de derechos cometidas por el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles (LASD). Más de 18,500 personas tienen derecho a recibir una restitución del acuerdo de $14 millones de dólares. Los miembros de la clase son elegibles para recibir de $250 a $25,000 dólares según el tiempo que estuvieron detenidos y otros detalles. Para recibir una compensación, las personas deben presentar un reclamo, que no requiere que revelen su estatus migratorio, a más tardar el 10 de octubre de 2021. Toda la información presentada por los reclamantes se mantendrá confidencial.

La demanda colectiva Roy v. Condado de Los Ángeles fue presentada por inmigrantes detenidos ilegalmente por el LASD, a veces durante meses, debido a solicitudes de «retención de ICE» (también conocidas como retenciones de inmigración). Un tribunal federal dictaminó que LASD violó la constitución al encarcelar a personas únicamente por estas retenciones. Lee Baca fue alguacil de Los Ángeles durante la mayor parte del período en el que se produjeron violaciones; Baca actualmente cumple una pena de prisión de tres años por obstruir una investigación federal.

«Como inmigrantes, venimos de diferentes países y los cuerpos policiales actúan como si las protecciones básicas no se aplicaran a nosotros,» dijo Antonia C., quien fue detenida luego de ser acusada injustamente de robo de auto. Se le negó la libertad bajo fianza debido a una retención de ICE y estuvo en la cárcel durante 70 días en el 2012. «Rompieron mi familia y mi hogar. Cuando te encierran, te rompen. Dañaron mi salud física y mental. Todas las personas que nos vimos afectadas por este arreglo entre ICE y el Departamento del Sheriff debemos unir nuestras voces. Si bien ninguna cantidad de dinero será suficiente para reparar nuestras cicatrices, este fondo de compensación es muy importante. Necesitamos tomar lo que se nos debe y mostrarles que lo que nos hicieron, a nuestras familias, importa.»

La hija de Antonia, que prefiere permanecer en el anonimato, dijo: «Estas acciones no solo afectan a las personas que fueron encarceladas, piensen en sus familias. Yo tenía solo 11 años cuando me separaron de mi mamá. Nos separaron. Estaba llena de confusión y tristeza. Sin mi mamá a mi lado, sentía que no tenía un lugar en este mundo. Perdimos todo. Cada día que tu familiar no está ahí es doloroso. Piensen en todo lo que nos perdimos, nunca recuperaremos ese tiempo. Mi mamá es mi superhéroe personal; es fuerte y de buen corazón. Estoy muy orgullosa de ella por presentar este caso y desempeñar un papel importante en el establecimiento de este fondo de compensación. La injusticia a menudo no tiene consecuencias, por lo general no obtienes nada. Pero esto se siente diferente. Es como si mi mamá y yo, y muchas otras familias, finalmente pudiéramos obtener un cierre y justicia.»

En colaboración con la ACLU del Sur de California y el bufete de abogados de McLane, Bednarski & Litt, el Centro de los Derechos del Migrante, Inc. (CDM) está llevando a cabo actividades de divulgación pública y en los medios de comunicación para identificar a los miembros de la clase y alentarlos a presentar reclamos. CDM, una organización binacional de derechos de las y los trabajadores migrantes ha identificado exitosamente a miembros de la clase y ha ayudado en la distribución de asentamientos en demandas de inmigración de alto perfil. En este caso, la organización centrará sus esfuerzos en llegar a los miembros de la clase de habla hispana en México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Ecuador y California.

«Este caso representa una práctica generalizada: las agencias locales de aplicación de la ley se inclinan ante ICE y socavan los derechos de las personas inmigrantes. Esta deferencia inconstitucional a las políticas de ICE tiene consecuencias brutales para las personas, familias y comunidades a través de las fronteras,» dijo Evy Peña, directora de Comunicaciones y Desarrollo del CDM. «Tenemos razones para creer que las personas pueden haber sido deportadas como resultado de las acciones del alguacil de Los Ángeles. Si bien ubicar a los miembros de la clase puede representar un desafío, dado el alcance geográfico de nuestra búsqueda, vemos esto como una oportunidad. Cada miembro calificado de la clase que fue tratado ilegalmente podrá recibir una compensación, independientemente de dónde se encuentre.»

«Dejemos que este acuerdo sea una llamada de atención para todas las agencias de aplicación de la ley en todo el país que hoy continúan encarcelando a personas ilegalmente por solicitudes sin orden judicial de ICE,» dijo Jennie Pasquarella, co-abogada del caso, directora de derechos de inmigrantes de ACLU SoCal y abogada senior. «Deberían detener o ser responsables por daños y perjuicios a todas las personas que han detenido ilegalmente.»

«Durante años, el Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles, la agencia de aplicación de la ley más grande de los Estados Unidos, negó cruelmente a los inmigrantes las protecciones constitucionales que se aplican universalmente a todos los demás detenidos en la cárcel, reteniéndolos injustificadamente sin causa como prisioneros,» dijo Lindsay Battles, co- abogada en el caso y socia de McLane, Bednarski & Litt. «Este acuerdo responsabiliza al departamento del alguacil por miles de encarcelamientos ilegales y proporciona una medida de compensación a cada persona lesionada por sus políticas inconstitucionales».

Se anima a las personas que creen que pueden ser víctimas a visitar www.ICEHoldCaseLA.com o llamar al 1-833-537-1192 para obtener más información sobre cómo presentar un reclamo.

Las respuestas a las preguntas frecuentes se encuentran a continuación.

¿A quiénes les afecta?

Más de 18.500 personas tienen derecho a una compensación del acuerdo que cubre las retenciones de ICE emitido desde octubre de 2010 hasta junio de 2014. Hay 3 categorías de personas afectadas:

(1) Clase de la Cuarta Enmienda: Inmigrantes que fueron detenidos más allá del tiempo en que debían ser liberados de la custodia penal únicamente en base a una retención de ICE (octubre de 2010 – junio de 2014).

(2) Clase de Igualdad de Protección: Inmigrantes cuya fianza fue de menos de $25,000 que no habrían sido ingresados en la cárcel si no hubiera una retención de ICE (octubre de 2010 – junio de 2014).

(3) Clase sin fianza: inmigrantes a quienes se les negó la fianza debido a una retención de ICE (octubre de 2010 – octubre de 2012).

¿Cuánto dinero pueden obtener los miembros de la clase?

Los miembros del grupo son elegibles para recibir desde $250 hasta $25,000, según el tiempo que estuvieron detenidos y otras circunstancias:

(1) Los miembros del grupo a los que no se les permitió pagar la fianza recibirán $250 si califican y presentan la declaración jurada correspondiente.

(2) Los miembros de la clase podrían recibir hasta $1,000 por cada día que estuvieran detenidos únicamente por una orden de detención de inmigración, hasta un máximo de $25,000.

Se prevé que muchos miembros de la clase que fueron detenidos únicamente por una orden de retención de inmigración recibirán varios miles de dólares.

Los fondos excedentes, si los hay después de que se les pague a los miembros de la clase, se destinarán a programas que brindan representación legal a personas que enfrentan consecuencias de inmigración debido a un arresto o condena.

¿Cómo obtener dinero del acuerdo?

Para recibir dinero, debe presentar un reclamo a más tardar el 10 de octubre de 2021. Puede presentar una reclamación en línea, por correo electrónico o por correo. Vaya a www.ICEHoldCaseLA.com para obtener más información sobre cómo presentar un formulario de reclamo.

¿Cuáles son mis otras opciones?

Excluirse: si desea retirarse de la demanda por completo, o si desea poder presentar su propia demanda o ser parte de una demanda diferente, debe tomar las medidas necesarias para excluirse. Debe enviar por correo su Solicitud de exclusión, con matasellos a más tardar el 10 de octubre de 2021.

Objeto: Puede seguir siendo miembro de la clase y objetar cualquier parte del acuerdo antes del 10 de octubre de 2021.

No hacer nada: si no presenta un reclamo, no recibirá dinero del acuerdo, pero aún estará sujeto a los términos del acuerdo.

Visite el sitio web www.ICEHoldCaseLA.com para obtener información más detallada.

¿Cómo sé que mi información se mantendrá confidencial?

Las partes en este caso acuerdan mantener la confidencialidad de toda la información que envíe en relación con el acuerdo. No le diremos a ICE que presentó un reclamo. Su información de contacto y la información de contacto de los miembros de su familia no se divulgarán a nadie más que a los abogados de los demandantes y al administrador del caso.

¿Cuánto tiempo llevará este proceso?

El tribunal ha programado una audiencia para el 19 de Noviembre de 2021 para decidir si aprueba el acuerdo. La moción de honorarios y costos de abogados se publicará en el sitio web después de que se presenten. Puede asistir a la audiencia por su cuenta, pero no es obligatorio. Después de la aprobación final de la corte, tomará al menos dos o tres meses o más procesar las reclamaciones, calcular la cantidad adeudada a cada miembro del grupo y comenzar los pagos.

Esto es sólo un resumen. Para obtener más detalles, visite el sitio web www.ICEHoldCaseLA.com o llame al 1-833-537-1192. El sitio web tiene enlaces a todos los documentos del acuerdo en este caso, así como a la moción de honorarios de abogados.

 

FUENTE CLU of Southern California, the law firm of McLane, Bednarski & Litt, the National Day Laborer Organizing Network, and the National Immigrant Justice Center